JEP rechazó sometimiento del empresario de vínculos con el paramilitarismo Dorance Romero
El empresario y ganadero Dorance Romero conocido como ‘Wilmer Romero’, vinculado a la investigación por la apropiación de más de 10.000 hectáreas de predios de campesinos en Turbo (Antioquia) en alianza con grupos paramilitares, quedó por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los magistrados del tribunal especial encontraron inconsistencias que obligaban al acusado a ajustar su plan de verdad, al descubrirse vacíos en sus aportes, ‘Wilmer Romero’ no cumplió con los estándares, por lo que le habría sido negado el sometimiento a penas alternativas.
El comerciante aceptó ante la JEP su responsabilidad en la financiación y apoyo a grupos paramilitares como el Bloque Bananero de las AUC. Pero esto no fue suficiente para los magistrados quienes quedaron a la espera de un informe detallado. En medio de estas diligencias, incluso las víctimas solicitaban en su concepto que Romero “devolviera” al menos 31 predios, que presuntamente se encuentran a nombre de su hija Zulma Yidi Romero.
Dorance Romero es procesado en la justicia ordinaria por despojo de tierras en la zona de Turbo, Antioquia, concretamente en los corregimientos de Macondo, Blanquiceth y otras áreas rurales del municipio del Urabá.
Según las investigaciones, además del apoyo monetario brindado a los Bloques Bananero y Arlex Hurtado, de las AUC, Dorance Romero es procesado por desplazamientos forzados producto de la “retoma de Urabá”, en la cual desde 1995 distintos empresarios en alianza con paramilitares desplazaron y compraron tierras a campesinos a precios ínfimos.
Recopilaciones del Centro de Memoria Histórica revelan que para efectuar la consolidación del avance paramilitar y ganadero, la Fundación para la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR) bajo el mando de la familia Castaño, así como el Fondo Ganadero de Córdoba, orquestaron un plan de despojo y legalización de tierras que afectó a campesinos en el municipio de Valencia, Córdoba, y del sector de las Tulapas, en el norte del Urabá Antioqueño.
También menciona como cada bloque se generó con renglones productivos muy específicos, nombrando el caso del Frente Arlex Hurtado y cómo tuvo como objetivo asegurar la expansión del cultivo de banano para la exportación y la resolución de los conflictos obrero-patronales que se presentaban entre los empresarios del banano y los sindicatos. “Bajo el mando del empresario bananero y ganadero Emilio Hasbún, el frente Arlex Hurtado recolectó para las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá dineros provenientes de empresarios del banano y la ganadería. Chiquita Brand, Uniban, Banacol y otras comercializadoras aportaron en dinero, por medio de la convivir Papagayo- con sede en Carepa-, para preservar y expandir sus intereses económicos en la región”, dice el documento.
“Por otro lado, el Frente Turbo, asociado al Bloque Bananero para la desmovilización, cobró por el embarque y el uso de puertos bajo su control en el municipio de Turbo para la exportación de cocaína al exterior” se añade en la declaración, que también resalta otros bloques paramilitares en el trafico de maderas, cauchos y otros recursos primarios con fines de lucro armamentísticos para los grupos criminales.
Cálculos, aproximados dentro del expediente en el que aparece mencionado Dorance Romero junto a otros empresarios del Urabá arroja que ocuparon más de 10.000 hectáreas de tierra en zonas como Turbo, Antioquia, y también son sindicados en al menos 14 casos identificados en Belén de Bajirá en Mutatá, Antioquia, y en Riosucio, en el departamento del Chocó.
Dorance Romero, ‘Wilmer también es mencionado en informes de organizaciones como “Violencia y conflictos socioambientales”, documento presentado ante la JEP y el cual lo relaciona junto a otros empresarios y ganaderos como José Vicente Cantero Ibáñez, en establecerse en la hacienda ganadera “La Siete”, tierras donde en el pasado los campesinos fueron desplazados violentamente. Con Infobae