JEP acepta sometimiento del coronel (r) Jiménez, involucrado en falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, quien está involucrado en el asesinato de varios civiles presentados como bajas guerrilleras en el departamento del Caquetá entre los años 2006 y 2007.
El fallo de la JEP detalla que el 12 de junio de 2007 en la Vereda Banco del Osos de la jurisdicción del municipio de Tauramena, Casanare, los ciudadanos Diego Armando Heredia Monroy y Domingo Antonio Castro Zorro, fueron dados de baja en presunto combate, por integrantes del Batallón de Infantería N° 44 “Coronel José Ramón Nonato”. También, que el 9 de julio de 2006, se le causó la muerte a José Rubiel Llanos Arias en zona urbana del municipio de Tauramena.
Una vez en la JEP, el general en retiro deberá hacer un relato claro, exhaustivo y detallado en relación con la forma de cómo fueron planeados, organizados y ejecutados estos casos de falsos positivos de los que se le acusan.
“Indicará el lugar exacto en el que les fue causada la muerte a los señores Diego Armando Heredia Monroy y Domingo Antonio Castro Zorro, y expondrá las razones por las cuales sus cuerpos fueron trasladados a la zona rural del municipio de Tauramena (…) Señalará la razón por la cual al señor José Rubiel Llanos Arias le fue causada la muerte en la zona urbana del municipio de Tauramena”, pide el tribunal de paz.
Pero además, Puerto Jiménez deberá contar quién y cómo fueron obtenidas las armas y demás material de guerra encontrados a las víctimas, entre ellas: el revólver marca Colt calibre 0.38, la pistola sin marca calibre 9 mm, el proveedor metálico para pistola calibre 9 mm, dos cartuchos calibre 0.38 y dos cartuchos calibre 9 mm.
“Informará también las razones por las cuales se procedió de esa manera, quien dio la orden, y si alguien se encargó de destruir u ocultar los documentos de identificación de las víctimas”, se lee en la resolución de sometimiento.
El proceso que llevaba la Fiscalía expone que la exigencia y recompensa por resultados, traducidos en bajas de presuntos combatientes, fue uno de los móviles de que el Casanare hubiera aumentado el número de muertes cuestionadas presentadas en combate por parte del Ejército Nacional. Así lo explicó el ente acusador:
“Las pruebas allegadas al plenario, son lo suficientemente explícitas [sic], para poder concluir que el Te. Combita Eslava alias Camilo, el My Jorge Edwin Gordillo, el Co. Puerto Jiménez y otros miembros de este batallón, eran plenamente conocedores de lo que se haría, y la forma como se desarrollaría el operativo para lograr el “falso positivo” y en consecuencia obtener una felicitación, además de las prebendas o premios que ello implica”.
La JEP también le pide al coronel retirado revelar quién fue el primer superior (oficial o suboficial), no presente en los hechos, que se enteró de lo ocurrido y qué versión le fue entregada. Así mismo, le piden que hable sobre el contenido de las órdenes relacionadas con esos hechos, las recibidas antes de su ejecución, así como las emitidas para ocultar lo que sucedió e identificará a quien las dio, especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la recibió.
El coronel (r)Puerto Jiménez deberá decirle al tribunal si tiene conocimiento de otros casos similares cometidos por miembros del Ejército Nacional, para que los especifique y manifieste quiénes fueron los determinadores, autores y cómplices, hayan sido de conocimiento o no por la justicia ordinaria.
“Pondrá en conocimiento de esta jurisdicción si fueron realizadas conductas para dar apariencia de legalidad a las muertes de civiles ocurridas fuera de combate; qué conductas realizaron; quiénes participaron en ellas; si intentaron obstaculizar a la administración de justicia o la engañaron”, se lee en la resolución. Con Infobae