Fallo de responsabilidad fiscal por defalco a la Secretaría de Tránsito de Valledupar
Un fallo de responsabilidad fiscal, por casi siete mil millones de pesos, fue emitido por la Contraloría Municipal, contra Jorge Luis Hoyos Canavera, representante legal de la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito de Valledupar.
Según el expediente del ente de control, este accionar se considera como un desfalco a la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar. “El fallo que se dio a título de culpa grave, tiene una cuantía de $6.763.554.948 y está relacionado con el contrato de concesión #015 de 2005, celebrado entre el Municipio de Valledupar y la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito de Valledupar, el cual tenía como objetivo la Repotenciación, Operación Mantenimiento y expansión del Sistema De Semaforización De La Ciudad”, refiere la Contraloría Municipal de Valledupar.
Presuntamente el contratista “incumplió su objeto contractual”, lo que habría generado el detrimento al erario del Municipio. “La conducta desplegada por Hoyos Cañavera se traduce a una conducta gravante culposa, pues también observamos la concurrencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal en su contra. Está más que acreditado, que en el desarrollo las actividades de la gestión fiscal, incumplió sus obligaciones contractuales”.
Cabe recordar que a este contrato la administración del alcalde Fredys Socarrás le declaró la caducidad del contrato por incumplimiento grave de sus funciones. Adicionalmente, presentó denuncia penal en contra de los miembros de la Concesión de Tránsito, por el delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía. Actualmente el proceso se adelanta en el Juzgado Tercero Penal Del Circuito Mixto Con Funciones De Conocimiento de Valledupar.
En enero del año 2015, en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de éste ente de control, pudo evidenciar el hallazgo que emerge luego de hacer un minucioso análisis a la caducidad decretada, donde la Oficina de Responsabilidad Fiscal pudo probar que la unión temporal incumplió con su objeto contractual.