Congresistas buscan revivir la Consulta Anticorrupción de 2018
Los senadores Angélica Lozano, Iván Cepeda y Antonio Sanguino solicitaron a la Corte Constitucional que se pronuncie de fondo para que pueda ordenar depurar el Censo Electoral y si la Consulta Anticorrupción realizada en agosto del 2018 pasó el umbral, que ordene la implementación de los siete mandatos de la ciudadanía.
La solicitud se hace luego de que el pasado 7 de diciembre de 2020, en el marco de un debate de control político realizado en sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado, se enteraron, a través del Director Nacional de Censo Electoral, José Antonio Parra, de la existencia de irregularidades en la depuración del censo electoral correspondiente a 2018.
“Se pudo establecer no sólo que el censo electoral colombiano de 2018 estaba inflado, sino que ello condujo a que el umbral exigido a la Consulta Popular Anticorrupción fuese superior al que realmente debía cumplir”, exponen los congresistas que buscan revivir la consulta.
En su momento, las autoridades electorales establecieron para esa consulta que el censo electoral en Colombia era de 36.421.026 votantes, por lo que la votación debía tener una participación de 12.140.342 colombianos para que cada punto allí expuesto fuera aprobado. Pero según se conoció, el censo electoral real del país era de 33.743.169, por lo que la participación debía tener como umbral 11.247.723 votantes, y la consulta consiguió 11.670.183, y en consecuencia, sí habría superado el umbral.
“Nunca informaron a la ciudadanía ni a los entes de control respectivos, ni tomaron los correctivos necesarios para respetar esa consulta popular, reconocer la vinculatoriedad de sus resultados y ordenar la implementación de sus mandatos. Fue sólo hasta que la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República hizo un control político sobre el asunto, que esa información se hizo pública”, criticaron los senadores.
Esta situación provocó que se interpusiera una tutela ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que la negó aduciendo que no se cumplieron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues a su juicio, había transcurrido mucho tiempo desde realización de la Consulta Anticorrupción y existían otros mecanismos.
El fallo que fue impugnado en segunda instancia pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá respaldó la decisión del primer juez. Sin embargo, remitió el expediente a la Corte Constitucional, donde las cosas podrían cambiar.
Los congresistas tienen la certeza que la falta de depuración en el Censo Electoral colombiano aún persiste en el país, y que esa omisión está lejos de ser un defecto aislado que solo afectó a la Consulta Popular Anticorrupción en 2018, así lo declaró el mismo registrador Nacional, Alexander Vega, el 14 de diciembre de 2020.
“La denuncia que hacía el senador Iván Cepeda es una denuncia que viene por años, pero yo creo que el senador se quedó corto; el problema del censo electoral va más allá, viene la trashumancia electoral. Hay un millón de trashumantes históricos en el país, el código electoral además de incorporar algunos artículos que vamos a depurar, vamos a depurar los muertos, vamos a depurar los militares que todavía están y aparecen en el censo electoral, vamos a depurar las cédulas que todavía aparecen en el censo electoral en el año 2010 que tenían que haber sido modificadas y no se cambiaron; vamos a depurarlo”, prometió el registrador.
Es por esto que los congresistas Lozano, Cepeda y Sanguino piden a la Corte Constitucional aceptar el estudio del caso, ordenar la depuración del censo electoral y decidir si la Consulta Anticorrupción puede revivir, si se comprueba que pasó el umbral de votación. Con Infobae