Más de 1.700 millones de pesos se habría robado un abogado de Telecom
Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que en medio de labores investigativas se logró poner en evidencia a una organización criminal, que estaría conformada por exempleados de la desaparecida Telecom, abogados y funcionarios judiciales que generaron pérdidas millonarias a la extinta entidad.
En la información divulgada se especifica que el presunto articulador de este andamiaje ilegal fue identificado como Camilo Torres Becerra.
“Este hombre fue el apoderado de cinco personas retiradas de Telecom, quienes presentaron una tutela para reclamar derechos sindicales y dineros que, supuestamente, no les fueron reconocidos durante el proceso de separación de sus funciones”, infoma la Fiscalía en el comunicado.
Además, sostiene que los elementos de prueba dan cuenta de que la tutela fue asignada con un acta falsa a un juez Penal Municipal encargado. El funcionario judicial, en su último día en el cargo, aceptó las pretensiones de los accionantes, indicó que fueron despedidos injustamente y ordenó pagar salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social.
Tras la decisión judicial, en el proceso para garantizar el pago de los dineros a los afectado, en el fallo se dispuso que por medio de una medida cautelar se realizará el embargo y secuestro de las cuentas corrientes de Telecom en Barranquilla (Atlántico) por $1.792 millones de pesos. Al parecer, la suma fue entregada, a través de un título judicial, al abogado Torres Becerra. A la fecha, este monto no ha logrado ser recuperado.
En las verificaciones se constató que la tutela no podía ser resuelta a favor de los extrabajadores porque, días antes, una acción similar y con las mismas pretensiones había sido negada por algunos juzgados laborales.
La información fue ratificada por Eduar Alirio Calderón Muñoz, quien es el Director Especializado contra la corrupción, “por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al señor Torres Becerra el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. El cargo no fue aceptado por el procesado”, afirmó el funcionario de la Fiscalía.
Respecto al juez que decidió la tutela de manera irregular y permitió el detrimento patrimonial, la Fiscalía obtuvo condena de 60 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
En otro caso contra la corrupción, en las últimas horas la Fiscalía judicializó al exalcalde de San Carlos, en el departamento de Córdoba y un contratista por presuntos actos de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías al exalcalde de San Carlos (Córdoba) en el periodo (2016 – 2019), Víctor Manuel Valverde Pérez; y al contratista Néstor Andrés Moreno Arrieta, como presuntos responsables de actuaciones irregulares en el alquiler de un vehículo.
El exmandatario habría suscrito tres contratos por $100′000.000, mediante la modalidad de prestación de servicios, con el objeto tener a su disposición una camioneta de gama alta para sus traslados. En las investigaciones se constató que el vehículo, al parecer, era de propiedad del entonces alcalde y figuraba a nombre de un particular.
El material de prueba da cuenta de que, sin aparecer como titular del automotor, el exfuncionario le hizo mantenimiento, le cambió llantas, puso rines de lujo e instaló un moderno sistema de audio.
En ese sentido, un fiscal adscrito al CTI imputó al exalcalde y al supuesto contratista el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo fue aceptado por los procesados, que deberán cumplir media de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia. Con Infobae