Fiscalía citó a Karen Abudinen por contrato con Centros Poblados
Con el fin de dar una explicación clara sobre las presuntas irregularidades dentro del contrato que firmó el Ministerio de las TIC con Centros Poblados para llevar internet a niños de 7 mil colegios públicos de las zonas rurales del país, la Fiscalía General de la Nación citó a entrevista a la ministra de las TIC Karen Abudinen. En este encuentro la funcionaría debería explicar cómo se realizó el anticipo de los $70 mil millones al contratista del proyecto y cuál fue el proceso de licitación del mismo.
Según se informó la citación es parte de las medidas que anunció el fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que se realizarán todas las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los recursos que se entregaron a Centros Poblados y los cuales se recogieron a través de inconsistencias y firmas falsas.
“A la Fiscalía han ido varias personas a entrevistas e interrogatorios con apoderados, personas que tienen que ver con ese consorcio o esa unión temporal, así como la interventoría”, aseguró el funcionario durante su visita a Popayan.
Es necesario aclara que, el hecho de que la ministra tenga que ir a una citación, no significa que esta esté vinculada dentro del proceso de investigación, este espacio para rendir cuentas es solamente para que el ente investigador, pueda establecer cómo fueron las circunstancias en las que se firmó el contrato, se dio el anticipo y se exigió que se cumpliera el contrato, adicional del tiempo de ejecución, modo y lugar en que ocurrieron los hechos denunciados.
Del mismo modo, se espera que la funcionaria pueda entregar material probatorio que funcionaría para adelantar la investigación y conocer las irregularidades que se presentaron dentro de la contratación.
En la audiencia contra la empresa se reveló que había presentado una garantía falsa del Banco Itaú. Esto llevó a que se iniciara un proceso de caducidad que terminó el pasado lunes 19 de julio y con el que se le informó al contratista que tiene 10 días hábiles para que inicie el proceso de reposición sobre el acto administrativo.
Como consecuencia se dieron cuenta que existe “una presunta ‘fábrica’ de documentos apócrifos” para obtener contratos públicos y que de esta manera la empresa logró ganarse el contrato con el MinTic a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. En la cabeza de esas irregularidades se encuentra el empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, constructor de grandes obras de infraestructura y quien, según investigaciones de La W, sirvió como intermediario para conseguir la garantía del banco Itaú con Centros Poblados.
De igual forma, aparece mencionada dentro de los contratos la aseguradora Rave Agencia de Seguros Ltda, quienes aclararon que desde su cuenta, no se expidió la garantía bancaria de este contrato y que tan solo se tramitó la póliza de responsabilidad civil extracontractual, siguiendo un riguroso proceso de verificación de más de 150 folios.
Adicional, la Fiscalía confirmó que se escuchó el testimonio del representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, el hombre presentó ante la entidad pruebas sobre el destino de estos recursos, los cuales, según él, fueron invertidos en equipos en Estados Unidos. Con Infobae