Por actos de corrupción condenaron a exalcaldesa de Becerril
La exalcaldesa (e) del municipio de Becerril, Yaneth Sáenz Fuentes, fue condenada por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos, mientras que le precluyó el delito de falsedad ideológica en documentos públicos, que también le había imputado la Fiscalía Quinta seccional.
El sentido de fallo condenatorio fue proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento, el cual a la vez decretó librar orden de captura contra la procesada quien durante todo el proceso ha sido juzgada en contumacia, es decir, sin comparecer ante los estrados.
Esta investigación pasó a manos de la Fiscalía una vez la Contraloría General de la República hizo la denuncia de que en Becerril se había gestado un detrimento patrimonial por parte de la administración municipal al celebrar un contrato para la construcción de 300 viviendas, cuyo proyecto fue denominado Ecociudadela, pero finalmente no se construyó.
De acuerdo con el ente acusador el municipio a través de Yaneth Sáenz Fuentes, alcaldesa encargada para el año 2009, suscribió el convenio Nº 011 del 8 de mayo de ese mismo año, con la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario FUNSOC, para la construcción de las viviendas, por un valor cercano a los $1.000 millones.
Para ello la Fundación solo iba a entregar el lote donde se iban a construir las casas.
La Fiscalía encontró que el convenio fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa obviando la modalidad de selección como lo es la licitación pública.
Otra de las inconsistencias halladas fue una serie de modificaciones al contrato como el cambio del interventor externo de la obra, por uno designado por la misma Fundación, «violando de esta forma el artículo 32 de la Ley Ley 80 de 1993, en el entendido, que la interventorìa debe ser una persona independiente del contratista y el contratante», dijo la Fiscalía.
Asimismo destacó que, «se estableció que el lote de terreno donde debía construir las viviendas, se encontraban invadidas, por lo que la Fundaciòn no estaba cumpliendo con lo acordado, asi que iniciada la obra el 28 de agosto de 2009, fue necesario la suspensión el 31 de agosto de 2009 con la utilizaciòn de la falsificación de la firma del interventor, ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad».
En este sentido otra de las anomalías evidenciadas por la Fiscalía es que supuestamente para la obra compraron materiales en una ferretería llamada ‘Franklin’, por un valor de $396 millones, pero al verificar esto no era cierto.
«El municipio de Becerril se ha visto afectado por la suscripción del convenio que no solo causó no solo un detrimento patrimonial sino que 300 familias se vieron afectadas al no desarrollarse debida forma como lo prometió la administración municipal», dijo el fiscal del caso.
Entre tanto la defensa indicó no estar de acuerdo con el sentido del fallo y anunció que presentará recurso de apelación.
Por su parte el juez manifestó al finalizar la audiencia que la lectura del fallo se programó para el próximo 7 de octubre.