Firman compromiso para el traslado de la Cárcel Judicial de Valledupar
Este jueves en ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, sostuvo una reunión con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, mayor general Mariano Botero Coy, y demás autoridades para avanzar en los trámites y acciones a fin que se concrete el traslado de la Cárcel Judicial de Valledupar, desde el barrio Dangond, a otro predio del municipio.
Para ello dichas autoridades firmaron un convenio entre el Gobierno nacional y departamental.
En el encuentro también se conoció que dicho centro penitenciario continúa con un grave problema de hacinamiento llegando a la actualidad con más 900 internos cuando la capacidad es de 250.
Igualmente el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, dio a conocer que en esta capital serán trasladados 62 presos de alta peligrosidad que se encuentran entre la Cárcel Judicial y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI.
«Hemos detectado que estas personas de acto impacto delincuencial forman las redes para cometer todo tipo de delitos, Valledupar no es ajeno a ello, por tanto en las próximas horas empezamos a hacer el traslado correspondiente», indicó el alto funcionario nacional.
Respecto a la construcción de la nueva Cárcel Judicial expresó que hasta este jueves no se había firmado documento alguno por lo que la firma del compromiso es de gran
importancia para la consolidación del proyecto.
Para la obra intervendrán el departamento del Cesar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
«El tema de los recursos hay muchas formas de hacerlo, el presidente recientemente lanzó un programa, es decir, todos ponen, departamento y municipio la mitad del dinero y el Gobierno nacional el resto para poder construir cárceles o ampliarlas. Esta cárcel que se pretende construir costaría en la actualidad $120.000 millones, una cárcel de máxima seguridad, que no tenga problemas de agua y de servicios públicos. Este es un compromiso de todos. Hay otra forma que es con vigencias futuras para comprometerse a través del Conpes para poder sacarlo adelante», indicó el ministro de Justicia.
Por su parte el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, indicó que la actual ubicación de la Judicial, es un problema para la ciudad no solo por el tema de hacinamiento sino que se pueden estar dando violaciones de Derechos Humanos, por lo que la reunión con el Gobierno nacional ratifican las necesidades hallando una solución.
«Como entidad territorial hemos asumido unos compromisos y vamos hacer todo lo relacionado a definir en los próximos meses y cuanto antes el tema del lote. El hacinamiento genera muchos problemas entre ellos que la fuerza pública se queja que no tiene dónde recluir a las personas que detienen lo cual es un tema problema muy fuerte incluso para la Fiscalía que tiene cerca de 80 órdenes de captura engavetadas porque no tiene donde recluir a estas personas; esta es una inversión importante y se debe hacer la mejor gestión», expresó el mandatario.
Entre tanto el director del INPEC, mayor general, Mariano Botero Coy, manifestó que es de suma importancia que los centros de reclusión logren hacer una resocialización de los internos.
«No queremos más construcciones al interior de las ciudades, queremos que los privados de la libertad le sirvan a la comunidad a través del trabajo penitenciario, que una persona que cayó en un centro de reclusión pueda tener una reeducación en sus fases ya estipuladas, para ello el Inpec hace una selección de la persona privada de la libertad no importa el delito que haya cometido, saber en qué nivel de educación está para saber qué tan competitivo es, inmediatamente el cuerpo de custodia y vigilancia los selecciona e inicia estudios primarios, secundarios y tecnológica y posteriormente pasan a desarrollar trabajos penitenciarios para que cuando salgan puedan hacer un emprendimiento», subrayó Botero Coy.