Piden a la ONU considerar a disidencias de las Farc como un incumplimiento al Acuerdo de Paz
En el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se analizó el informe del organismo internacional sobre la Misión de Verificación de proceso de paz en Colombia, la canciller Claudia Blum pidió al organismo internacional considerar a las disidencias de las Farc como un incumplimiento al Acuerdo del fin del Conflicto.
En su intervención a distancia, la canciller afirmó que cuando se analiza el cumplimiento del Acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes.
«Debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político», precisó la jefe de la diplomacia colombiana.
«Los enemigos del Acuerdo y de la paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias. El 80% de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes», advirtió la ministra.
Señaló que desde 2018, «el trabajo en la implementación de la política de Paz con Legalidad, incluyendo el Acuerdo de 2016, ha sido arduo y seguimos avanzando en todas las transformaciones necesarias para que Colombia sea una sociedad cada vez más justa, pacífica e inclusiva».
Añadió que durante los últimos años se ha consolidado la tendencia decreciente en todos los indicadores de violencia. «Hemos logrado reducir la criminalidad y garantizar el Estado de Derecho, protegiendo así los Derechos Humanos y la integridad de cada vez más colombianos», puntualizó.
Reseño, empero, que el Acuerdo de 2016 se firmó sabiendo que la antigua guerrilla de las FARC no era el único generador de violencia en el país. Por ende, resultaba ilusorio pensar que su implementación, por sí misma, sería suficiente para alcanzar una inmediata y absoluta “paz estable y duradera”, explicó.
Advirtió que desde la segunda mitad del siglo pasado, en determinadas zonas del país han existido y continúan existiendo grupos armados organizados al margen de la ley que plantean retos en la estabilización y la consolidación. En su disputa por los corredores del narcotráfico y de otras economías ilícitas, estas organizaciones criminales atacan a la población, atentan contra líderes sociales, afectan a los campesinos y se enfrentan a la Fuerza Pública que vela por asegurar el imperio de la ley.
Estos grupos, dedicados a la delincuencia organizada transnacional, son enemigos de todos los colombianos y el combustible de la violencia en el país, puntualizó.
De otro lado, la Canciller reiteró al Consejo la solicitud del gobierno colombiano para que se amplíe el mandato de la Misión de Verificación en relación con el cumplimiento de las sanciones propias que adopte la justicia transicional. La gran mayoría de países miembros del Consejo anunciaron su respaldo a esa ampliación del mandato, destacó.
La jefe de la cartera de relaciones exteriores presentó ante los miembros del Consejo de Seguridad los avances integrales que ha tenido la política de Paz con Legalidad, entre ellos los siguientes:
-El progreso firme en la Reincorporación política, económica y social de los más de 13.000 excombatientes que se mantienen en la legalidad
-El 100% de los proyectos productivos individuales de los excombatientes y el 97% de los colectivos, se han formulado y aprobado durante el presente Gobierno
-Se ha mantenido su asignación mensual equivalente al 90% del salario mínimo, lo que ha significado un desembolso de 67,7 millones de dólares. Este beneficio expiraba en agosto de 2019, y fue prorrogado por el gobierno del presidente Iván Duque por 10 años
-El 98,6% de los excombatientes está afiliado a salud, y un alto porcentaje está matriculado en escuelas de formación y bancarizado.
-Prorrogamos la vigencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, y estamos implementando la adquisición de predios para la reincorporación de los 2.974 excombatientes que permanecen en ellos. Se han adquirido tierras para 7 Espacios y están en adquisición tierras para otros 12 Espacios.
-El Gobierno de Colombia ha garantizado la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Así mismo, se ha asegurado su adecuada financiación. En 2020 se destinaron a las tres entidades del Sistema recursos por 142 millones de dólares, y en 2021 se asignó un presupuesto cercano a 160 millones de dólares.
-Se presentaron avances en las políticas de género y la participación de las mujeres en las decisiones y como beneficiarias de la política de Paz con Legalidad.
-Aunque se reconocieron los retos en materia de seguridad frente a los ataques contra excombatientes, perpetrados por organizaciones criminales de distinto tipo, se destacó que en 2020, los homicidios contra los excombatientes disminuyeron 10,8% frente a 2019. Y en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51% frente al mismo período del año pasado. El Gobierno ratificó su compromiso con la protección de la vida e integridad de los excombatientes en proceso de reincorporación.
Además, la Canciller explicó que la construcción de la paz en nuestro país es un proceso irreversible. Aseguró que “se equivocan quienes quieren confundir a los colombianos sobre estos esfuerzos. Se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados. Pero se equivocan aún más los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región”.
“El Gobierno ha desarrollado un juicioso trabajo de planeación a 15 años, para lograr un cambio real mediante el diseño e implementación de rutas que son irreversibles. Además, para honrar a las víctimas y darles la mano a quienes tienen la voluntad real de renunciar al crimen y vivir en la legalidad”, concluyó la Ministra, quien además invitó a los miembros del Consejo a visitar Colombia el presente año para validar los avances y retos existentes.