ONU pide acciones decisivas para evitar la crisis de la deuda de los países en desarrollo
Las medidas tomadas mundialmente para prevenir crisis de deuda tras el COVID-19 no han sido suficientes para restaurar la estabilidad económica en muchos países en desarrollo, advierte un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas.
Unas cuarenta naciones que obtienen préstamos de los mercados de capital han experimentado degradaciones de calificación para la deuda soberana desde el inicio de la pandemia, de las que seis son países desarrollados, 27 son mercados emergentes y nueve países figuran en la lista de los menos adelantados.
António Guterres asegura que, a más de un año del inicio de la pandemia, los impactos fiscales de la crisis están provocando problemas de deuda en un número creciente de países y están limitando severamente la capacidad de muchos para invertir en la recuperación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la acción contra el cambio climático.
Según el informe, 42 economías que obtienen préstamos de los mercados de capital han experimentado degradaciones de calificación para la deuda soberana desde el inicio de la pandemia, de las que seis son países desarrollados, 27 son mercados emergentes y nueve países figuran en la lista de los menos adelantados.
Las rebajas de calificación soberana hacen que aumenten los costos de los préstamos, especialmente para los países en desarrollo, lo que, a su vez, puede aumentar el riesgo de que más naciones asuman una deuda insostenible, especialmente si la pandemia de COVID-19 es más prolongada de lo esperado.
“A menos que tomemos medidas decisivas sobre los desafíos de la deuda y la liquidez, corremos el riesgo de otra ‘década perdida’ para muchos países en desarrollo, poniendo definitivamente fuera de alcance el logro de los Objetivos para la fecha límite de 2030”, expresa Guterres.
El informe de política, Soluciones de liquidez y deuda para invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace un balance de la respuesta de política global desde abril del año pasado, evalúa las brechas y desafíos restantes para su implementación, y propone actualizaciones a las recomendaciones, presentadas el año pasado, a la luz de los acontecimientos de los últimos 12 meses.
El informe destaca la necesidad de alivio de la deuda para crear espacio para las inversiones en la recuperación y para lograr la Agenda 2030.
Incluso en casos de deuda elevada, el nuevo endeudamiento puede conducir a una mejor calidad crediticia si financia inversiones productivas, señala Guterres.
Además, dice, el alivio de la deuda también puede liberar recursos, crear condiciones en las que los países puedan volver al acceso voluntario al mercado y puede reducir la deuda de un país y los costos generales de endeudamiento, con impactos positivos en toda la economía.
El Secretario General también insta a los gobiernos a proporcionar nueva financiación en condiciones favorables para los países en desarrollo, especialmente a los menos adelantados y a los pequeños Estados insulares.
Esto significa recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo y acelerar el calendario de reposición de los fondos, cumplir los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo y proporcionar financiamiento a largo a plazo para inversiones.
En apoyo de las recientes aprobaciones del G7, el documento también pide una nueva asignación general de derechos especiales de giro, reiterando la necesidad de combinar una reasignación voluntaria de los derechos de los países desarrollados a los países en desarrollo.
El informe también insta al G20 a extender la Iniciativa de Suspensión de la Deuda del Banco Mundial hasta fines de junio de 2022 e incluir a los países de ingresos medianos, en particular los pequeños Estados insulares que se han visto gravemente afectados por la crisis.
También pide a ese bloque económico que extienda la elegibilidad para el alivio de la deuda en virtud de su Marco Común para el Tratamiento de la Deuda a otros países vulnerables, caso por caso, así como considerar otros mecanismos que permitirían a los países acceder a la ayuda sin comprometer su calificación crediticia.
El informe de política se publicó para coincidir con una reunión de alto nivel de jefes de Estado y de Gobierno sobre el financiamiento para el desarrollo en la era de COVID-19 y más allá.
El encuentro virtual da seguimiento a una serie de reuniones realizadas el año pasado para movilizar acciones para ayudar a la recuperación económica de la pandemia.
La reunión de alto nivel fue convocada conjuntamente por el Primer Ministro Secretario General Andrew Holness de Jamaica y el Primer Ministro Justin Trudeau de Canadá.
“Me alienta ver que nuestra insistencia en la necesidad de una nueva asignación de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional y la reasignación de aquellos no utilizados para apoyar a los países vulnerables, incluidos los de ingresos medios, está ganando una aceptación generalizada (…) asegurémonos de que suceda y de que se gestione adecuadamente en beneficio del mundo en desarrollo”, dijo.
El Secretario General instó a adoptar un enfoque de la deuda en “tres fases”, incluida una moratoria de los pagos de la deuda, un alivio de la deuda específico y reformas a la arquitectura internacional de la deuda.
También hizo un llamado a un marco para préstamos más responsable, aceptado por países deudores y acreedores, inversionistas, participantes del mercado, agencias de calificación crediticia y organizaciones internacionales, destacando la necesidad de un diálogo abierto y con plazos para generar confianza y transparencia de manera sistemática e inclusiva.
«Juntos, con determinación colectiva, podemos ayudar a todos los países a invertir en respuesta, recuperación y un futuro más sostenible y resiliente», concluyó Guterres.