Bienestar Familiar denunció el reclutamiento de 465 menores de edad

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, cuenta con tres documentos en los que se evidencian violaciones de los derechos a los menores de edad que se encuentran participando en la guerra de manera obligada.

A mediados del mes pasado Lina María Arbeláez Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentó a la Fiscalía con tres documentos los cuales contienen una denuncia penal por reclutamiento ilícito de niños y adolescentes contra el la guerrilla del ELN y al grupo paramilitar Grupos Armados Organizados Residuales; y dos informes de cada actor armado que explica esta y otras conductas como las torturas, abuso y acceso carnal en personas protegidas.

Estos informes son una radiografía que realizó el equipo de trabajo de Arbeláez durante casi cinco años. Esta investigación comenzó luego de que se firmara el Acuerdo de Paz en 2016 hasta finales de enero de este año. Esto les permitió registrar 465 casos de niñas, niños y adolescentes reclutados o utilizados para la violencia o el delito.

De esos 465 menores de edad 280 lograron ser desvinculados del la guerrilla del ELN y se encuentran en el Programa de Atención Especializada del ICBF, y otros 185 fueron llevados por parte del bloque paramilitar Grupos Armados Organizados Residuales y su red delincuencial, GAOR.

En la denuncia, la directora de Bienestar Familiar, explicó que han sido 6.944 los niños y adolescentes por quienes se desarrollan procesos de restablecimiento de derechos en el Programa de Atención Especializada, desde el año 1999.

Uno de los objetivos de su denuncia es que la Fiscalía General de la Nación cree una línea específica para estos delitos, es decir, contar con una línea de investigación que permita asumir esta violación desde el impulso penal, ya que el reclutamiento forzado en menores cuenta con otras razones y actos más profundos.

Este análisis se debe, en gran medida, a los testimonios de los niños y jóvenes que salieron de dichos grupos armados y que ayudaron al ICBF a redactar un informe que, se presentó posteriormente a la Fiscalía, en el que se narra que tanto las guerrillas de izquierda como en el paramilitarismo han incurrido en varios delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho.

Estos delitos se basan en conductas violentas como lo son las lesiones, torturas, abusos y actos sexuales violentos, conocidos de primera mano por el Programa de Atención Especializada, de los cuales hoy son víctimas muchos menores de edad y, pate de los familiares de los reclutados.

Por parte de la entidad denunciante, que puso en evidencia los delitos frente al Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía debería darle prioridad a la investigación ya que con los testimonios de los menores se cuentan con claras las evidencias del reclutamiento agravado y todo lo que esto implica.

En dichos informes también reposa la información de las cifras de los menores reclutados según los departamentos del país. Para el caso de la guerrilla, de los 280 casos de niños y adolescentes desvinculados de esta organización, 69 pertenecen al Chocó, 54 a Antioquia, 36 a Arauca, 28 a Bolívar y 12 a Norte de Santander.

Y por parte de GAOR, grupo al que pertenecen los disidentes de la paz, el Clan del Golfo y otros grupos armados especialmente dedicados al narcotráfico, la mayoría de casos, es decir, 32 menores, se registraron en el departamento del Cauca. Otros 30 casos, que actualmente se encuentran en el programa del ICB, corresponden a reclutamientos en Caquetá, 38 a Nariño, 14 a Antioquia y 12 del Putumayo.

La denuncia interpuesta el pasado 15 de febrero toma hoy más fuerza y argumentos para que la Fiscalía y el Estado tomen acciones que disminuya el número de menores reclutados. Los actuales bombardeos demuestran que este acto se sigue cometiendo y que va en auge de la mano del poder que están obteniendo los grupos armados en los diferentes territorios del país. Por esto, el ICBF busca que al menos se establezca la responsabilidad en la comisión de este delito y, que en lo posible, se apliquen sanciones.