Los exministros de Energía y de Justicia en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez que fueron aprehendidos este viernes en la región amazónica de Beni por la investigación del supuesto «golpe de Estado» en 2019 en Bolivia llegaron hasta la ciudad de La Paz, donde se espera que brinden su declaración.

Los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Álvaro Guzmán, fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana desde el aeropuerto de la ciudad de Trinidad hasta la terminal internacional de El Alto.

Ambos exfuncionarios fueron trasladados con un fuerte resguardo policial hasta las instalaciones del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) en el centro de la ciudad de La Paz y posteriormente los llevaron en una camioneta de la Policía hasta la Fiscalía.

Se tiene previsto que ambas exautoridades brinden su declaración en las próximas horas.

Este viernes se activaron las órdenes de aprehensión en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, y los exministros de Gobierno Arturo Murillo; de Presidencia, Yerko Núñez; de Defensa Fernando López; de Energías Álvaro Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, estos dos últimos fueron arrestados en la ciudad de Trinidad.

Los agentes de la Policía y la Fiscalía permanecen a las afueras de la residencia de Áñez en la ciudad de Trinidad para proceder con su detención y en las últimas horas allanaron su hogar, según informaron medios locales.

La expresidenta Áñez junto a los exministros interinos son acusados de los supuestos delitos de «sedición y terrorismo» relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

La oposición boliviana acusó de persecución política al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del mandatario boliviano, Luis Arce, sobre las órdenes de aprehensión contra las exautoridades interinas.

Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el Parlamento, señaló que los autores del supuesto fraude electoral en 2019 «se amnistían y pretenden ser víctimas» y denunció que se comenzó «un proceso brutal y arbitrario de persecución política».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Andrónico Rodríguez, indicó que estas órdenes de arresto son un acto de «justicia» y que no se trata de persecución política.