JEP le responde a Marta Lucía Ramírez por cuestionamientos sobre cifras de falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le contestó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez los cuestionamientos que realizó sobre las cifras de falsos positivos consignadas en el Auto 033 de 2021.
La JEP respondió las preguntas de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien a través de Twitter cuestionó las cifras de falsos positivos señaladas por el tribunal especial y le reiteró que el error había sido corregido dos días antes de que ella formulara el problema.
“¿Cuándo va a explicar la JEP porqué (sic.) este error en las cifras? Ni un solo falso positivo es aceptable, pero por cuenta de cifras al aparecer erradas, llevan dos semanas acabando mediáticamente y en redes sociales la legitimidad institucional. Mediatismo en la justicia no es sano”, escribió la vicepresidente a través de su cuenta de Twitter en la mañana de este lunes 8 de marzo.
Horas después, la JEP respondió directamente a la mandataria a través del mismo medio. “Señora Vicepresidenta, explicamos el pasado viernes: La JEP “reitera, en el siguiente auto, la cifra de los 6.402 falsos positivos registrados entre el 2002 y 2008. En el auto se corrigen errores involuntarios de digitación, que en nada modifican el universo provisional de hechos”, escribió y posteriormente posteó el auto 040 en el que se hacían las correcciones correspondientes.
La JEP señaló en ese documento que, posterior a la notificación, se identificaron algunos “errores involuntarios de digitación en algunas de sus cifras” que no habían sido identificados al momento de emitir el documento público.
“Dado el impacto de dichas cifras en una clara comprensión de las consideraciones que llevan a la Sala a la priorización del territorio de Casanare y la Provincia de la Libertad, y sus dimensiones del fenómeno, con fundamento esta disposición, la Sala de Reconocimiento procederá a corregir de oficio los errores en las cifras incluidas en el Auto No. 033 de 12 de febrero de 2021, en particular las incluidas en los numerales 90, 92 y 96 del apartado de consideraciones”, aseguró el tribunal especial.
En el numeral 90 se duplicó la cifra después del punto. En este apartado se señaló que las unidades BR7 y BR16 de la Cuarta División del Ejército tenían investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de un general, un coronel y 53 mayores. En el Auto 033 se escribió: “También adelantó 276 investigaciones contra 1.247247 miembros de las unidades que conformaban esta División”, pero la cifra real es 1.247.
El numeral 92 quedó como que la Brigada XVI “para el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se reportaron por parte de esta unidad un total de 24324 resultados de muertes en combate; de los cuales, a partir del cruce con la base de datos construida por la Sala de Reconocimiento con los informes e información acopiada en el marco del caso 03, se han podido identificar 7279 muertes cuestionadas (algunas de estas ya han sido determinadas por las autoridades judiciales o disciplinarias como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate) asociadas a 9197 hechos, la mayoría concentrados en los municipios de Aguazul (21,8%), Yopal (13,77%) y Monterrey (10,22%), y, en una menor proporción, en los municipios de Támara, Tauramena, Paz de Ariporo y Hato Corozal, los cuales tuvieron, cada uno, una participación entre el 6 y el 99%”.
La corrección del tribunal especial es que las cifras subrayadas quedarían de la siguiente manera: “Así, y tal como se puede contrastar con la tabla 7 incluida en esta providencia, el total de resultados en análisis para esta unidad correspondería a 326, y se estarían estudiando 275 muertes cuestionadas en 193 hechos. Por su parte, la participación de los hechos en los municipios de Támara, Tauramena, Paz de Ariporo y Hato Corozal, oscila entre el 6% y el 9%”.
Finalmente, el numeral 96 señala que las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que estudia el auto 033, en el departamento de Casanare, la Provincia de la Libertad y Arauca eran en su mayoría campesinos o dedicados a labores informales del campo. En esas zonas la cifra decía 7270 víctimas, cuando el número real son 270 entre las que se encuentran dos adultos mayores (uno de 84 años), dos personas en situación de discapacidad, habitantes de calle, personas señaladas de tener consumo problemático de drogas, y personas vinculadas al ejercicio de la política o líderes sociales.
La JEP concluyó que esas cifras no modificaron el total de casos señalado por esa jurisdicción de 6.402 posibles falsos positivos cometidos entre los años 2002 y 2008 en el país, sino que únicamente se debió a problemas de digitación en algunos apartados puntuales.