Vigilancia especial a alimentación de internos de La Tramacúa en Valledupar
La Procuraduría General de la Nación inició una acción de vigilancia y control a la prestación del servicio de alimentación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, que alberga a 1.500 personas privadas de la libertad.
En una mesa de trabajo convocada por el Ministerio Público, la Procuraduría Regional del Cesar se dirigió a la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como ente encargado de las contrataciones de alimentación y de mantenimiento de cocina, para alertar falencias en las raciones de comida tras recibir denuncias por parte de reclusos y de sus familias referentes a la baja calidad, atrasos en el tiempo de entrega y poca cantidad de alimentos.
A raíz de las quejas, el ente de control solicitó supervisar al contratista encargado de la alimentación en este centro carcelario, luego de conocer que es el mismo distribuidor de la Cárcel del Circuito Judicial, establecimiento que tiene cerca de 1.000 internos y no ha presentado problemas en el suministro de alimentos.
Asimismo, en cumplimiento de su función preventiva el órgano de control disciplinario pidió realizar seguimiento frecuente al administrador de este servicio en el establecimiento penitenciario y carcelario, y dejó constancia sobre la necesidad de proceder con el mantenimiento de las calderas del rancho y la posibilidad de incrementar el número reclusos que puedan ayudar en cocina, una vez la USPEC autorice.
«Aunque son evidentes las mejoras que ha tenido la prestación del servicio de alimentación en la Penitenciaría durante las últimas semanas, para la Procuraduría es fundamental verificar los avances que garanticen este derecho, y por tal se sumó a la propuesta de las autoridades penitenciarias y carcelarias de la región para que de ahora en adelante se efectúe una vigilancia de manera semanal», refirió el Ministerio Público.
Para ello se realizó una mesa de trabajo conformada por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, y representantes de la Defensoría del Pueblo, la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho.