Procuraduría le solicitó a la Corte Suprema de Justicia llamar a Aída Merlano a juicio por otro delito
La exsenadora por el Partido Conservador, quien ahora se encuentra prófuga de la justicia en Venezuela, tendrá que responder por otro acto irregular durante su campaña de 2018.
La exsenadora barranquillera Aída Merlano, prófuga de la justicia colombiana y presunta responsable de liderar una red de compra de votos con sede en el Atlántico, tendría que responder ante la Corte Suprema de Justicia por otro delito relacionado con su campaña para el Senado de la República en 2018.
De acuerdo con CM&, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamar a juicio a Merlano por el cargo de violación de los topes de gastos electorales. El medio afirma que la exaforada del Partido Conservador deberá responder a un proceso penal ante esta corporación y, si se encuentra culpable, podría enfrentar una condena a ocho años de cárcel.
Los topes electorales hacen parte de la Ley de Garantías, también conocida como la Ley 996 de 2005, la cual estaría en ruta a ser eliminada por medio del proyecto de reforma al Código Electoral. Con motivo de la reelección de Álvaro Uribe Vélez, la ley de garantías fijó topes de gasto en campaña, meses de campaña autorizada, montos máximos de contribución para donantes, acceso a medios y restricciones en contratación pública para evitar intercambios de favores por parte de funcionarios electos ad portas de elecciones.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, los topes de la campaña al Senado en circunscripción ordinaria, según la Resolución 2796 de 2017, fue de 88.413.216.314 millones de pesos por lista de candidatos que se inscriban. Infobae ingresó al sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral y constató que la exsenadora no diligenció el reporte reglamentado en la resolución. Incluso, los créditos, posibles aportes de la campaña, gastos en propaganda, servicios de transporte y financiación Estatal aparecen como anexos en blanco.
El 29 de mayo de 2020, la Corte Suprema ratificó la condena de 11 años y 4 meses de la exsenadora en lugar de los 15 años que se le impusieron en primera instancia. Los delitos por los que se le condenó fueron corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal por la evidencia obtenida en la sede de su campaña en Barranquilla.
“Para la Corte, Aida Merlano torció la voluntad del sufragante y consiguió una elección ilegítima en 2018. Lo que se evidencia, entre otros descubrimientos, en el video que registra su enfado hacia el patrocinador de su campaña y promotor de sus ambiciones (Julio Gerlein Echevarría), por no entregarle la suma ofrecida para sobornar al elector”, expresó el alto tribunal.
En diciembre de 2020, Merlano fue destituida e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría General de la Nación, que calificó como gravísima la falta que cometió por corrupción electoral en los comicios de 2018. En el fallo se establece que, las pruebas recolectadas permiten inferir que la exrepresentante a la Cámara por el Atlántico tenía conocimiento claro sobre las actividades ilegales que se realizaban en su sede de campaña en Barranquilla, conocida como la ‘Casa Blanca’.
“Aída Merlano Rebolledo desplegó toda una serie de actividades que engranaron el andamiaje para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República”, se lee en el fallo de la Procuraduría.
En octubre de 2019, Merlano se fugó de su esquema de seguridad en Bogotá mientras estaba de permiso para asistir a una consulta odontológica. Con una soga y escapando en una motocicleta de un hombre vestido con la indumentaria de la aplicación de envíos Rappi, la barranquillera logró burlar la seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).