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Procuraduría solicita a alcaldes actualizar los POT; en Valledupar la última revisión fue en 2015

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, pidió a los mandatarios de las ciudades capitales fortalecer sus capacidades técnicas y jurídicas en la actualización y/o ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial, y considerar las condiciones sociales, ambientales y económicas en la implementación de estos instrumentos.

Para el caso de Valledupar la última actualización del POT se realizó en septiembre de 2015, en el gobierno del entonces alcalde Fredys Socarrás Reales, a cuyo documento debieron hacerle una revisión hace dos años y a la fecha no se ha realizado.

La jefa del Ministerio Público pidió tener en cuenta la protección del recurso hídrico, la lucha contra los efectos del cambio climático, los daños ecológicos ocasionados por la deforestación y el aumento de desastres en zonas vulnerables y de conflictos sociales en la construcción y actualización de los instrumentos de planificación territorial.

La procuradora enfatizó en que en el país existen grandes desafíos sociales en razón al desconocimiento jurídico y técnico del ordenamiento ambiental en los territorios, la desarticulación institucional, y la escasa participación de la sociedad, y resaltó el Convenio de Cooperación entre la Procuraduría y Asocapitales que busca promover la estricta aplicación de la legislación agraria, ambiental y de gestión del riesgo en el ordenamiento territorial

“Lo que pretendemos es que al cierre de esta serie de diálogos la dimensión ambiental dentro de los POT sea estudiada e implementada en sinergia por todos los actores competentes en cada una de las ciudades para que aumente el interés por actualizar y aplicar los instrumentos de planificación, con el fin de propiciar ciudades y comunidades más sostenibles”, puntualizó.

A su turno, la directora de Asocapitales, Luz María Zapata, destacó la realización de los talleres que permitirán acompañar a las ciudades capitales en el ejercicio de ordenar el territorio, dado que 68 % de ellas actualmente se encuentran en revisión o modificación de sus planes de ordenamiento.

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