Acusan a alcalde de Becerril por presunta corrupción en contrato de alimentación
Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, se realizó la audiencia de acusación en contra del alcalde de Becerril, Raúl Fernando Machado Luna, y María Carla González Romero, en calidad de contratista interviniente, en un presunto caso de corrupción en la contratación para la adquisición de suplementos alimenticios.
De acuerdo con la Fiscalía, los delitos de los que se le acusan son los de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, toda vez que se celebró el contrato de suministro Nº 00062 del 27 de mayo de 2015, por parte del municipio de Becerril, representado en el primer periodo de alcalde de Raúl Machado, con la Unión Temporal Alimentando El Futuro, representada por González Romero.
El propósito era la asistencia nutricional integral y alimentación complementaria a la primera infancia, madres gestantes y lactantes en dicha población por un valor de $5.362 millones, con un plazo de 7 meses.
Según el ente acusador, se detectaron tres irregularidades que ocasionaron un detrimento patrimonial en contra del municipio y a favor del contratista.
Entre las irregularidades la Fiscalía encontró que se debía entregar un ‘atún’ de 360 gramos por paquete; sin embargo se evidenció la entrega de 340 gramos por paquete, existiendo una diferencia de 20 gramos en cada uno de los paquetes, lo cual afectó el valor del contrato por $17 millones, dinero este que fue directamente a las arcas del contratista «con la venia y complacencia del municipio de Becerril, en cabeza del señor Raúl Fernando Machado Luna», indicó la Fiscalía.
Igualmente destacó que durante la ejecución del contrato se debían entregar un total de 43.200 paquetes nutricionales a 2.700 beneficiarios, es decir, mensualmente se debían entregar 5.400 paquetes, dos veces al mes; no obstante, de los 43.200 paquetes, solo se entregaron 43. 024, haciendo falta 176 paquetes, por un valor de $32 millones.
«Estos dineros fueron pagados a la Unión Temporal Alimentando Futuro, y no fueron entregados a sus beneficiarios, violando directamente lo consignado en la Ley 80 de 1993», resaltó la Fiscalía.