Con $89.000 millones operará la Universidad Popular del Cesar en el 2021
Las autoridades rectorales de la Universidad Popular del Cesar, realizaron este martes la rendición de cuentas de este 2020, en la que anunciaron que para el próximo año 2021, operarán con un presupuesto de$89.000 millones, de los cuales el Gobierno nacional aportará el 45 % y el 55 % será con recursos propios.
El rector José Rafael Sierra Lafaurie, destacó que desde que asumió el cargo se logró estabilizar la universidad en cuanto a compromisos salariales con el cuerpo docente y demás actos financieros; también indicó que en días pasados se realizó el acto de grado con 900 nuevos profesionales tanto del área de pregrado como postgrado a quienes se les envió a su lugar de residencia los diplomas correspondientes.
«Para este nuevo año la prioridad será la academia con la acreditación que se necesita para la vinculación de los docentes durante 11 meses que es lo que pide el Ministerio de Educación», manifestó el rector.
Igualmente se refirió a la Resolución del Ministerio de Educación que ordenó la creación de una fiducia para la administración de los recursos y la designación de un inspector para los procesos de la Universidad.
“Con esto lastimosamente se le causa un detrimento a la Universidad porque tiene un costo elevado y causa retrasos en los pagos, no obstante, no tengo ningún problema porque todo lo que sea para la transparencia lo acogemos, inclusive le comuniqué al presidente para que le dijera a la ministra de Educación, que el inspector sea una persona transparente; lo importante es rescatar la Universidad de las irregularidades en los últimos seis meses, las cuales se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes», dijo Sierra Lafaurie.
También explicó que la elección de los dos consejeros que se realizaron el pasado 20 de noviembre no tienen ningún tipo de validez ya que estas habían sido suspendidas un día antes, es decir, el 19 de noviembre cuando tomó posesión del cargo.
Al respecto, Jesualdo Hernández, vicerrector, explicó que: “El 19 de noviembre de 2020 mediante el Consejo Superior Universitario acabamos con un encargo de rector, y vemos que por parte del Ministerio de Educación de citar a las sesiones del CSU, a dos personas que no hacen parte del mismo porque es una elección inexistente toda vez que los actos del Tribunal de Garantías Electorales fueron revocados por el CSU, por ende el Ministerio de Educación debe entender que no pueden seguir imponiendo a estos dos consejeros porque no hacen parte del CSU y mal se haría tomar una decisión distinta al artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de 1992 en los artículos 28 y 29, que hablan de la autonomía universitaria, de esta manera se acaba el lío jurídico”.