Dejusticia y otras organizaciones presentaron una tutela para pedirle al Gobierno que constituya 3 zonas de reserva campesina (Cundinamarca y 2 en el Meta) que están estancadas desde hace varios años en la Agencia de Tierras. Se trata de los territorios de Sumapaz (Cundinamarca), Losada-Guayabero (Meta) y Güejar-Cafre (Meta).

De acuerdo con los demandantes, este litigio podría abrir la puerta para que el Estado destrabe los procesos de otros territorios en el país que también están a la espera de convertirse en ZRC.

Según Dejusticia, estas tres comunidades iniciaron su proceso para constituirse como ZRC en 2011 y en los últimos cuatro años no han tenido un avance de fondo.

«Desde entonces solo falta un paso: que la ANT lleve las solicitudes a su consejo directivo para ser aprobadas. Por eso, bajo el lema ‘A un paso del territorio campesino’, exigimos que se garanticen los derechos de las comunidades a la territorialidad campesina, a la igualdad material y al debido proceso», precisa una comunicación emitida por los demandantes.

El argumento central de este litigio, según lo explica el investigador de Dejusticia y apoderado de las organizaciones Rodrigo Uprimny, es que el campesinado tiene derecho a una territorialidad y una de sus manifestaciones más importantes son las Zonas de Reserva Campesina, que adquirieron con el Acuerdo de Paz un cierto estatus constitucional.

En ese orden de ideas, se señala que al Gobierno junto a las autoridades les correspondería impulsar estas zonas al reconocer que los «campesinos son sujetos de especial protección constitucional«. 

Cabe recalcar que las Zonas de Reserva Campesina nacieron a partir de la Ley 160 de 1994, como una posible solución a varios problemas históricos del campo, como el acaparamiento de tierras y el conflicto armado. Desde entonces se han constituido siete de ellas y otras 23 han sido solicitadas (incluyendo las tres de esta tutela).

No obstante, esta figura no se establece como una forma de propiedad colectiva como un resguardo indígena o un consejo comunitario afro. Sin embargo, se configuró como una herramienta que permite planificar el uso del territorio con cuatro grandes objetivos: promover la economía campesina, proteger el ambiente, evitar el acaparamiento de tierras y frenar la expansión de la frontera agrícola.

Por lo tanto, en una ZRC las comunidades construyen un Plan de Desarrollo Sostenible y este se concerta con las autoridades. Dicho plan contempla políticas sobre el uso de la tierra, que deberían priorizar los modos de producción campesina por encima de otros menos sostenibles.