Álvaro Gómez Hurtado: 25 años de un magnicidio que hoy se atribuyen las FARC

El líder conservador y periodista fue asesinado cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Por el magnicidio, que el 3 de octubre de 2020 se atribuyeron las FARC, se investigó al expresidente Ernesto Samper, al cartel del Norte del Valle y a la Brigada XX del Ejército Nacional.

El 2 de noviembre de 1995, el periodista y líder conservador Álvaro Gómez Hurtado abandonó las aulas de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba una clase de cultura colombiana, para nunca volver. Tampoco regresó a su hogar. Cuando las manecillas del reloj marcaban las 10:20 de la mañana de ese jueves, fue baleado en su carro por dos personas a las que jamás se logró identificar.

Junto con su escolta, José del Cristo Huertas, Gómez Hurtado falleció en la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, a escasas 10 calles de donde fue abatido. Hoy, 25 años después del magnicidio, uno de los actos de violencia que marcó la década del 90 del país y por el que incluso se investigó al expresidente de la República, Ernesto Samper, el crimen sigue impune.

Las hipótesis del magnicidio

Hace menos de un mes, concretamente el pasado 3 de octubre, la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, reconoció a través de una carta dirigida a la Justicia Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Dicha confesión, sin embargo, despertó desconfianza no solo entre la familia de la víctima, sino por figuras de la política nacional, como el presidente Iván Duque, quien posterior a la declaración de las FARC manifestó que le generaba dudas que se adjudiquen el crimen cuando saben que por la firma de los Acuerdos de Paz no pagarán cárcel.

“Que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato”, dijo el mandatario del país.

La duda frente a la confesión de las FARC radica en que durante 25 años nunca se les contempló como presuntos autores de magnicidio. Durante este cuarto de siglo la Fiscalía planteó tres hipótesis sobre el asesinato de Gómez Hurtado, declarado Delito de Lesa Humanidad en 2017:

1. Una de las hipótesis que más fuerza tuvo en el caso, fue la de la participación del cartel del Norte del Valle. La organización, dedicada al narcotráfico, tenía una ‘política’ de exterminio contra quienes se opusieran al negocio ilícito de las drogas y quienes defendieran la extradición de los ‘capos’ del país. En esta línea de investigación se relacionó al expresidente Ernesto Samper, tras el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la financiación del cartel a su campaña presidencial de 1994, hecho que Gómez Hurtado denunció públicamente a través del periódico El Nuevo Siglo. Sin embargo, Samper siempre negó su participación en el magnicidio y la Fiscalía General de la Nación no pudo probar ninguna relación.

2. La alianza entre militares de extrema derecha con supuestos paramilitares del departamento de Sucre, por la que la Procuraduría General de la Nación alcanzó a formular cargos, fue otra de las teorías planteadas en torno al magnicidio.

3. Las autoridades también contemplaron la participación de hombres de la Brigada 20 del Ejército en el crimen y una supuesta retaliación porque Gómez Hurtado no se habría prestado para apoyar un intento de golpe de Estado al gobierno Samper.

¿Quién era Álvaro Gómez Hurtado?

El líder político al que asesinaron a los 76 años era hijo del expresidente conservador Laureano Gómez, quien fue presidente del país entre 1950 y 1951, cuando debido a su estado de salud cedió el poder a Roberto Urdaneta Arbeláez.

Álvaro Gómez Hurtado también fue candidato a la Presidencia de la República en tres ocasiones (1974, 1986 y 1990); en su última candidatura el lema de campaña fue: “Que no maten a la gente”. Además, fue el presidente de la Constituyente de 1991, en la que participó la extinta guerrilla del M-19, que lo secuestró el 29 de mayo de 1988 para dejarlo libre el 20 de julio de ese mismo año.

Es reconocido, además, por haber sido una de las voces más críticas en contra del gobierno de Ernesto Samper (1994 – 1998), por recibir financiación del narcotráfico. A través de sus editoriales en el periódico El Nuevo Siglo, afirmó: “El presidente Samper no se cae, nadie lo está tumbando. Pero tampoco se puede quedar”.