«Adjudicarse crímenes como el de Álvaro Gómez cuando hay garantías de que nadie va a ir a la cárcel genera dudas, sospechas, preocupaciones»: Duque
El presidente de la República, Iván Duque, planteó sus dudas sobre el reconocimiento de responsabilidad que hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un grupo de integrantes del antiguo secretariado de las FARC, respecto del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cometido el 2 de noviembre de 1995.
Este sábado, la JEP informó que tres exmiembros de las FARC, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape y Pablo Catatumbo, entregaron a esa jurisdicción una carta en la que asumen su responsabilidad por seis homicidios, entre ellos el de Álvaro Gómez.
Esa versión, que coincide con la que hace algunos días hizo pública la exsenadora Piedad Córdoba, no la comparte sin embargo la familia de Gómez, que ha sindicado a funcionarios del Estado de la época, incluido el entonces presidente Ernesto Samper, de ordenar el crimen.
Aunque el presidente Duque admitió que está en manos de la justicia esclarecer el crimen, afirmó que el reconocimiento de responsabilidad no puede ser una forma de obstruir la justicia e impedir que esta llegue a los verdaderos culpables.
«Adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones», señaló el mandatario, quien señaló que si se comprueba que se está presentando una versión falsa para desviar la labor de la justicia, eso también es un delito que debe ser sancionado.
Duque también recordó que la justicia ha avanzado recientemente en la investigación del caso y esos hallazgos deben ser tomados en consideración a la hora de evaluar las responsabilidades frente al crimen del dirigente conservador.
En la posesión del fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente Duque se refirió específicamente al caso de Álvaro Gómez y le pidió esclarecer el crimen, cometido en las instalaciones de la universidad Sergio Arboleda, de la cual ambos son egresados.
La carta entregada por los miembros de las Farc, está en manos de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que deberá evaluar si cumple con las condiciones que se requieren para ser admitida dentro de esa jurisdicción.