Indígenas de la Amazonía acuden a la justicia internacional por asesinatos en las comunidades

Los líderes y defensores indígenas también denunciaron que el acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo proteger a los grupos que defienden temas ambientales, aún no se ha puesto en marcha en algunos países.

En el marco del periodo de 177 sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó a cabo de manera virtual el pasado 28 de septiembre, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a comunidades de los nueve países de la Amazonia, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer un pronunciamiento frente a los asesinatos, violaciones y amenazas a los derechos humanos que afrontan las comunidades de la Amazonia.

Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció que, desde abril hasta el 11 de septiembre, han sido asesinados cinco defensores de los derechos humanos en ese país, de los cuales, cuatro eran indígenas.

Colombia tampoco se ha visto exenta de los asesinatos y violencia en grupos indígenas del país. El pasado sábado 27 de septiembre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dio a conocer el asesinato de cinco indígenas en el resguardo Inda Sabaleta, del Pueblo Awá, en Tumaco, Nariño, debido a un enfrentamiento entre los grupos armados ilegales Oliver Sinesterra y los Contadores.

El medio digital La Silla Vacía explicó que, en el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares al pueblo Awá para su protección, definiendo 19 rutas de protección colectiva para el mismo número de resguardos; sin embargo, al día de hoy, solo se han implementado tres.

Perú y Colombia hicieron parte de los 12 países americanos que firmaron el acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre de 2018; sin embargo, el Congreso colombiano aún no ha aprobado este tratado, que contiene disposiciones para la protección de grupos y personas que defienden los derechos humanos en temas ambientales.

El coordinador de Derechos Humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Oscar Daza, dijo durante la reunión del CIDH que la situación en Colombia ha empeorado este año. “Solo en 2020 se han asesinado 84 líderes y defensores de los derechos humanos indígenas en todo el país; es decir, se ha duplicado, a diferencia del año anterior”, resaltó el coordinador de la OPIAC.

Jackeline Borjas, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dijo que estas cifras evidencian la ausencia histórica de los estados.

“Han pasado aproximadamente 6 meses desde que se tiene conocimiento de la pandemia y aún persiste la inacción estatal, que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada, así como una falta de priorización de medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas”, señaló Borjas al diario El Espectador.

A esto, también se han sumado actos de hostigamiento e intimidación de líderes comunitarios y sus familias en toda la Amazonía. Por ejemplo, en Brasil, Leany Torres, vicecacique general del pueblo Warao, del asentamiento Ka Ubanoko, solicitó atención internacional para un grupo de pueblos indígenas venezolanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que el estado brasileño pretende desalojar el próximo 28 de octubre.

“Estamos hablando de las vidas de 300 personas, entre niños, adultos y personas mayores, quienes somos descendientes de pueblos originarios y, por tanto, exigimos se respeten y garanticen nuestros derechos al consentimiento y consulta reconocidos en diversos instrumentos internacionales”, puntualizó Borjas al diario.

En la exposición ante la CIDH, Michael McGarrell, de la nación Patamuna, de Guyana, y coordinador de derechos humanos y punto focal político de COICA, enfatizó que el territorio es el que les garantiza cultura, recreación, conocimiento e integridad y que, por ello, “defender el territorio para nosotros es defender la vida. Esta defensa nos expone a una situación de alta vulnerabilidad, donde aún en situación de emergencia sanitaria se han registrado muertes a causa de violencia y conflictos”, puntualizó McGarrell.