Se agrava situación jurídica de los expresidentes Rafael Correa, de Ecuador y Evo Morales, de Bolivia
La justicia de Ecuador ordenó este miércoles la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras dejar en firme la condena a ocho años de prisión por corrupción, informó el tribunal que dictó la sentencia en su contra.
Mientras tanto, en Bolivia la fiscalía denunció al expresidente Evo Morales y varios de los ministros que lo acompañaron en su gobierno por «asesinatos y torturas».
En lo que respecta al expresidente ecuatoriano Rafael Corre, dos jueces ordenaron que se localice y arreste al expresidente y a 17 sentenciados más por cohecho en el caso denominado «Sobornos».
La resolución judicial dispone que se ejecute el fallo, confirmado en última instancia hace dos semanas, el cual incluye la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular cuando el exmandatario aspira a participar en los comicios de febrero.
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, y que solicitó por internet al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia, fue condenado por el delito de cohecho.
El ente electoral deberá calificar posteriormente la postulación por un frente de izquierda y en binomio con el joven economista Andrés Arauz, exministro de Correa.
Procesado en ausencia, la justicia estableció que Correa y varios de sus excolaboradores, también condenados, recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas.
La justicia ordenó a la Policía la «inmediata localización y captura» del exgobernante socialista.
También ordenó al ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como expresidente, que pierde al ser condenado por corrupción.
La resolución judicial además comunica al CNE sobre la pérdida de los derechos políticos del expresidente, que según la Constitución, quedó inhabilitado para actividades políticas al ser sentenciado por cohecho.
En el caso del expresidente Evo Morales, el Gobierno interino de Bolivia acudió este miércoles a la Fiscalía con una nueva denuncia en su contra con acusaciones de «asesinatos y torturas».
El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, repitió la expresión «crímenes de lesa humanidad» al presentar la denuncia en la ciudad boliviana de Santa Cruz en contra Morales y varios de sus exministros.
Murillo citó entre los acusados al exvicepresidente Álvaro García Linera, su hermano Raúl, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Wilfredo Chávez, Alfredo Rada y Nardi Suxo, y el excomandante de la Policía Boliviana Víctor Hugo Escobar, entre otros.
La denuncia está relacionada con el conocido en el país como caso terrorismo II, que el Ejecutivo transitorio considera que fue orquestado por el Gobierno de Morales para perseguir a opositores, por lo que el Estado boliviano se ha retirado de este proceso que dura una década.
Arturo Murillo dijo a los medios que con esta retirada se cierra «un capítulo negro de la historia política de Bolivia», en la que se trató «de arrodillar a un pueblo haciendo persecución política y matando gente», con «decenas de encarcelados» y otros acusados que huyeron del país.
Pero reclama con esta denuncia que sean procesados a los que calificó como un grupo de delincuentes, en el que incluyó a fiscales y policías y al que atribuyó «una serie de asesinatos», sin dar detalle, por haber a su juicio armado ese proceso. (Información DW).