Víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual esperan reparación con pocas esperanzas

Yudy Tovar quisiera aferrarse al refrán de que «la esperanza es lo último que se pierde», pero con impotencia ve casi nula la posibilidad de que se haga justicia en su caso y el de miles de víctimas del conflicto interno armado de más de cinco décadas en Colombia.

Tovar fue reclutada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2005, cuando tenía 16 años, a la salida de la escuela en la que cursaba séptimo grado, en el municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima.

Pero dos días después comenzó su verdadero calvario, cuando fue violada por el comandante del frente rebelde, una práctica que luego fue replicada por otros 12 guerrilleros durante el año y medio que permaneció en las filas, antes de escaparse.

Por casos como este, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -un órgano de justicia creado en la negociación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016- abrió un proceso en el que citó a rendir versiones voluntarias a 15 de los antiguos líderes del grupo rebelde para que expliquen la política que permitió la vinculación de menores al conflicto.

Esta semana el turno es para Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», quien fue máximo líder de esa guerrilla y ahora preside la Fuerza Alternativa Revolucionarias del Común, el partido político que surgió del acuerdo con el mismo acrónimo del grupo rebelde.

Pero las víctimas no se hacen ilusiones.

«Nosotras sabemos que eso no va a pasar, eso es por llenar requisitos, por decir que sí dijeron las cosas, pero no va a pasar nada», advirtió Tovar, quien ahora es vocera de la Corporación Rosa Blanca, integrada por 300 exguerrilleras y a la que otras 900 están tramitando su ingreso.

«Todos sabemos que es nuestra verdad contra la verdad de ellos y obviamente ellos pesan mucho más, se sabe que ellos se van a salir con la suya», afirmó en una entrevista con Reuters.

Londoño ha negado que las FARC hayan tenido una política de reclutamiento forzado y pone como ejemplo su ingreso a los 17 años de manera deliberada.

«Estatutariamente y de acuerdo a las normas de las FARC el ingreso era voluntario», dijo recientemente a la radio local, aunque admitió que «hubo algunos casos de reclutamiento no forzado sino engañado, porque conocí de gente que llegó engañada».

VÍCTIMAS SUBESTIMADAS

La JEP también investiga otras formas de participación de menores en el conflicto, como cocineros, cargadores, mensajeros y los que fueron reclutados para propósitos sexuales.

Además, indaga otros delitos que compromete a la desmovilizada guerrilla de las FARC como tortura, fusilamientos y desapariciones forzadas en medio del conflicto que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

La JEP puede imponer penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los líderes rebeldes que reconozcan su responsabilidad y confiesen los delitos. En tanto, quienes sean condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20 años.

«¿Cómo se va a hacer justicia de esa manera, si ellos ni siquiera aceptan los errores que cometieron?», dijo «Ángela», reclutada por las FARC en contra de su voluntad cuando tenía 22 años y quien pese a cumplir una sentencia de más de cinco años de prisión por rebelión no ha sido reconocida como víctima porque le exigen pruebas de haber sido obligada.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación estiman en 8.090 los niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a grupos armados ilegales en el país, de los cuales ha indemnizado cerca del 40% con unos 56.000 millones de pesos (15 millones de dólares).

Pero la cifra se queda corta frente a investigaciones y relatos de exmilitantes.

«Nos está dando un aproximado de 39.700 menores», dijo Herbin Hoyos, un activista y periodista que tuvo por décadas el programa radial «Las voces del secuestro», a través del que promovió la deserción de guerrilleros que le proporcionaron documentos y fotografías en donde se ven niños uniformados con edades desde los 8 o 10 años.

«No veo la posibilidad de justicia (…), aquí son las víctimas, son los niños los que tienen que probar a estos comandantes que fueron reclutados», concluyó Hoyos. Reuters