Consejero presidencial para la seguridad dice que envío de tropas no detendrá las masacres en el país
La reciente escalada de asesinatos masivos en Colombia no se detendrá sólo con el envío de más tropas de las Fuerzas Armadas, sino con una fuerte inversión social y una mayor presencia del Estado que son necesarias para poner fin a la violencia, dijo el alto consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín.
El incremento de las masacres en los departamentos de Cauca, Nariño y Arauca, regiones conflictivas y estratégicas para el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales, despertó fuertes críticas por parte de grupos de derechos humanos.
“Esto no se resuelve con tropa y más tropa o con policía y más policía. Por su puesto que necesitamos una Fuerza Pública eficiente, que dé resultados, que proteja a las comunidades, que enfrente y desarticule a los grupos armados organizados”, dijo en una conversación virtual con periodistas el alto consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín.
“Significa que debemos tener una fuerte presencia de instituciones estatales y de servicios sociales y un enfoque que permita sustituir las economías ilícitas por economías lícitas”, explicó.
El funcionario aseguró que el Gobierno del presidente Iván Duque acelerará programas de desarrollo con enfoque territorial que buscan que los habitantes de apartadas zonas montañosas y selváticas tengan acceso a servicios básicos de salud, educación, carreteras y justicia.
La disputa por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal aumentó en algunas regiones del país desde que las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron en virtud de un acuerdo de paz de 2016, dejando zonas con vacíos y sin control.
“El problema sigue siendo las economías ilícitas”, concluyó Guarín. “Los eventos de violencia que se han presentado han ocurrido en áreas de economías ilícitas en donde grupos armados se disputan el control del narcotráfico y de la extracción ilícita de minerales”. Reuters