Jueza de Coveñas dejó en libertad al alcalde de la localidad acusado de irregular contrato de ayudas de Covid-19
La Fiscalía apeló decisión de una juez de Coveñas, departamento de Sucre, que negó la medida de aseguramiento contra alcalde de la misma localidad Rafael Antonio Ospina Toscano, acusado de incurrir en irregularidades en la contratación de 6 mil 550 kits alimenticiosos para atender a familias vulnerables en el marco de la emergencia por el Covid-19.
Con el alcalde, según la fiscalía, están comprometidos en el ilícito el secretario de Planeación, Fabian Enrique Maestre Machado, y el representante legal de la Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcaservicios-, Carlos Miguel Moreno.
La Fiscalía inicialmente formuló cargos contra los tres procesados por los delitos de interés indebido en la celebración del contrato, peculados por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, los cuales no fueron aceptados por los acusados.
A pesar de que la Fiscalía aseguró que la medida de detención intramuros era necesaria, ya que los hoy procesados podrían obstruir la justicia y existe riesgo de no comparecencia, la juez negó la petición.
No obstante la decisión adoptada, el despacho judicial señaló que había lugar a varios interrogantes en el desarrollo del proceso, pues no se había cumplido el orden para la celebración del contrato, las cotizaciones para el estudio no fueron adquiridas de la manera correcta y no se siguieron los parámetros de ley.
La juez agregó que se desconocieron los principios que gobiernan la contratación estatal, los cuales no estaban suspendidos por la emergencia sanitaria. “Hubo una celeridad motivada por la pandemia y la urgencia manifiesta, pero ese no era motivo para que se contratara como se hizo”, aseguró la autoridad judicial.
Las investigaciones que adelanta la Fiscalía dan cuenta de que el contrato suscrito el 24 de marzo entre la Alcaldía de Coveñas y Funcaservicios, por un valor de $1.206.000.000, tendría sobrecostos. Al parecer, los paquetes alimenticios se pagaron a $201.000 en promedio, cuando el valor real sería de $159.000 por unidad. Así, existiría un detrimento de $412.603.420.