Unidad de Restitución de Tierras implementa demanda electrónica en el Cesar
Ana Luisa Arrieta Martínez es una de las 33 solicitantes de tierras beneficiadas con la presentación de su caso ante los jueces especializados en restitución de tierras de manera electrónica. En esta primera oportunidad la Dirección Territorial de Cesar presentó 33 casos de predios solicitados en 17 municipios del departamento de Cesar y cuatro de La Guajira.
Para Claudia Mireya Manotas Mejía, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para los departamento de Cesar y Guajira, este proceso aporta al ejercicio público y evidencia el compromiso de la entidad por restablecer los derechos vulnerados a las víctimas de la violencia. “La presentación de estas demandas de manera electrónica significa todo el trabajo realizado en estos últimos meses de confinamiento, la meta es ampliar las cifras de radicación para así materializar el derecho a la restitución de tierras de nuestros solicitantes”.
Los casos presentados con demanda electrónica de la Dirección Territorial de Cesar – Guajira corresponden a los municipios de Pelaya, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar y para el caso de La Guajira los predios solicitados en restitución están ubicados en los municipios de Albania, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y Riohacha.
La implementación de esta herramienta permitirá agilizar y materializar los derechos a quienes fueron desplazados o despojados de sus tierras como es el caso de Ana Luisa Arrieta Martínez. Esta mujer que contó con 72 horas para dejar la propiedad que había comprado en 1995 en zona rural de Astrea (Cesar) por las amenazas directas que recibió de los grupos de autodefensas que operaban en la zona en el año 2000.
Con esta estrategia, la Unidad de Restitución de Tierras adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, logró a través de un proceso de innovación tecnológica mejorar sus procesos de articulación con la justicia para así responder con mayor oportunidad a las solicitudes hechas por los reclamantes de tierras en zonas afectadas por la violencia.
