Procuraduría suspende a alcaldesa de Socorro, Santander, por contratación de COVID-19
La Procuraduría General sancionó con suspensión de cinco meses a la alcaldesa de Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por irregularidades en un proceso contractual durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el COVID-19, por valor de $125.756.280.
El ente regional de Santander comprobó que la mandataria local suscribió el Convenio de Asociación con la corporación Rayos de Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores, a pesar del aislamiento obligatorio que los cobijaba, y sin que la institución tuviera la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.
La Procuraduría determinó que se pretendió justificar la falta de idoneidad y experiencia de la corporación, con las hojas de vida de las personas que fueron vinculadas al proyecto, pese a que en estas no se encontraron ni trabajos, ni actividades, ni los estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado y apoyo de adultos mayores.
Para el Ministerio Público la alcaldesa debía asegurar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma en los decretos para la contención del coronavirus, las cuales derivaban en la no contratación de actividades que pudieran poner en riesgo la vida de los adultos mayores o permitieran la vinculación de entidades que no cumplían con los requisitos de ley.
Con la conducta, la alcaldesa quebrantó los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
La alcaldesa deberá separarse del cargo de manera inmediata. La defensa de la alcaldesa interpuso recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.