Nueva demanda busca muerte política de Gustavo Petro
Este lunes, ante el Consejo de Estado fue presentada una nueva demanda por parte del abogado José Manuel Abuchaibe, contra Gustavo Petro. La acción pide que le sea quitada la investidura.
El documento conocido por Blu Radio, señala que algunas de las causas son:
“La primera es por estar incurso en una de las causales del artículo 183 de la Constitución Política que señala que los congresistas perderán su investidura cuando incurran en violación al régimen de incompatibilidades al incumplir algunos de los deberes inherentes a la dignidad del cargo, lo que resumo de la siguiente forma” y agrega la demanda:
«¿Puede un senador de la República de Colombia irrespetar a las autoridades legítimamente constituidas como lo son el presidente, fiscal, registrador y alcalde de Bogotá, declarando no reconocer legitimidad en el presidente Duque por haber sido elegido por el narcotráfico y solicitando a la comunidad desobediencia civil y dejar de pagar los servicios públicos?”.
El abogado José Abuchaibe tiene la tesis de que el Senador Petro lo podría hacer pero despojado de su condición de Senador, para lo cual debió renunciar.
La demanda señala que la libertad de expresión constituye un componente fundamental del ejercicio de la democracia y que reviste la inviolabilidad de las opiniones de los miembros del Congreso de la República, “inviolabilidad que es pertinente siempre y cuando esas expresiones de Petro fueran realizadas en ejercicio de sus funciones como Senador y dentro de una sesión del Congreso, pero lo hace por fuera, aprovechando su condición de Senador y su alta influencia en la comunidad, creando sin lugar a dudas situaciones que desbordan el orden jurídico”.
La demanda recuerda también una investigación que fue recientemente abierta contra Petro:
“En la indagación que realizó el Consejo Nacional Electoral con los donantes que aparecían en la campaña de Gustavo Petro, encontraron que cinco figuraban en el Sigep como servidores públicos. Por esa razón, oficiaron a las entidades a las que estaban vinculadas esas personas, para saber si para la época de la donación todavía se desempeñaban como tales encontrando que tres de esas cinco personas seguían siendo servidores públicos al momento de donar: ina docente de Cartagena dio 95 mil pesos, otro, docente de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia que donó 120 mil pesos y la tercera, una empleada de la Contraloría General que donó 150 mil pesos a la campaña en la primera vuelta. A pesar de que el monto sea de un poco más de 300 mil pesos, está claro que la Constitución y la ley no establece un monto para la prohibición de los servidores públicos para donar dinero a las campañas”, advierte la demanda. blu