El Gobierno   adelantará las tareas mientras que diferentes ministerios y agencias publicaron normas para poner a andar los proyectos.

Estas normas fueron publicadas y elaboradas por los ministerios de Minas, Ambiente e Interior. Además, otra que viene de la Agencias Nacional de Hidrocarburos. De esta forma se reglamenta el decreto que le abre la puerta al fracking y que fue condicionado por el Consejo de Estado.

Las nuevas normas fijan las condiciones para el relacionamiento con las comunidades en las áreas de influencia, los parámetros para realizar los estudios de impacto ambiental, la contratación de personal y el reglamento técnico para el funcionamiento adecuado de los proyectos.

En primer lugar se firmó la resolución 40185 del 7 de julio en el que se expide todo el reglamento técnico para la explotación de los proyectos piloto de yacimientos no convencionales.

En el artículo 4 se define que los pilotos se realizarán en Las cuencas sedimentarias del César y el Valle del Magdalena Medio.

Además, se establece que serán máximo cuatro proyectos piloto en todo el país y en cada piloto se pueden perforar dos pozos horizontales.

En la resolución de 34 páginas se establecen decenas de condiciones técnicas y legales para realizar los pilotos como los formatos que deben ser diligenciados, las condiciones ambientales que debe cumplir el contratista, el manejo de fluidos, entre varias otras.

Esta resolución fue firmada por el recién posesionado ministro de Minas, Diego Mesa.

En la resolución que ya prepara el Ministerio de Ambiente se establecen las condiciones para la elaboración de los estudios de impacto ambiental relacionados con la actividad.

En casi 200 páginas el Ministerio de Ambiente establece cómo se debe describir el proyecto, qué debe tener el estudio de impactos, cómo se delimita el área de influencia de los pozos, cómo se describen los servicios ecosistémicos, entre otros.

Por otro lado, el Ministerio del Interior, ocupándose de la responsabilidad que tiene esa cartera en los proyectos, fija las condiciones de relacionamiento de los contratistas con las comunidades.

En ella se establece que la comunicación con las poblaciones y líderes ambientales debe regirse por la inclusión, el respeto, la confianza, la ciencia y los Derechos Humanos.

El MinInterior le deja a los contratistas la estrategia de relacionamiento con las comunidades donde se realicen los proyectos.

En el artículo 18 se exige a los contratistas hacer un monitoreo de conflictividad social que debe incluir: “i) Análisis de factores desencadenantes de los conflictos y grupos de interés involucrados; ii) Seguimiento y análisis de eventuales acciones de protesta y demás actividades que ocasionen una eventual afectación a la operación de los PPII; iii) Seguimiento y análisis de alertas tempranas, informes de riesgo y otros documentos de advertencia emitidos por las autoridades”.

Esta última resolución es firmada también por el ministro de Minas, Diego Mesa y la ministra del Interior, Alicia Arango.

La norma también fue firmada por Diego Mesa en su calidad de viceministro.

En la argumentación para expedir las normas, el Gobierno advierte que por primera vez, en más de dos décadas, las reservas de gas natural están por debajo de los diez años debido al aumento en el consumo, los pocos descubrimientos y la declinación de campos clave como Chuchupa y Ballena, en el departamento de La Guajira.