Vallenato Alfonso Campo posesionado como director de la UNP
Iván Duque, presidente de la República, posesionó al abogado vallenato, Alfonso Campo Martínez, como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, de quien manifestó llega con los retos de fortalecer la entidad, trabajar para atender alertas tempranas y mejorar capacidad de respuesta a requerimientos de protección.
Campo Martínez, quien fue Personero de Valledupar, Cesar, agradeció la confianza del Presidente de la República, reafirmando su compromiso de entrega a la UNP. “Protegeré la vida de tantos compatriotas en riesgo, será mi carta de navegación. Se lo prometo a Colombia, a mi familia y a usted señor Presidente”, dijo.
Detalló que su gestión se basará en cuatro prioridades. La primera será la defensa eficaz de los protegidos, cuyo propósito es garantizarles la vida ante las amenazas recibidas; la segunda el diálogo directo con los funcionarios de la UNP, quienes trabajan en la parte administrativa y operativa, los diete días de la semana y quienes tienen todo el derecho a ser escuchados, pero además de garantizarles sus derechos esenciales.
La tercera estrategia, será la transparencia, para lo cual se hará acompañar de los órganos de control, con el fin de poder sacar los procesos de cara al país y de esa manera optimizar los recursos de la entidad.
Mientras que el cuarto punto será trabajar en equipo con las instituciones del Estado, es decir, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y el Ejército Nacional, con los cuales se llegará a todo el territorio para defender los derechos humanos de todos los colombianos.
Las personas susceptibles de riesgo y atendidas por la UNP son: Dirigentes de grupos políticos y de oposición, defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, dirigentes o activistas de grupos gremiales, dirigentes o miembros de grupos étnicos, miembros de la misión médica, testigos o víctimas de violaciones a los DDHH y al DIH, periodistas o comunicadores sociales, servidores o ex servidores públicos con responsabilidad en Derechos Humanos y dirigentes de grupos armados desmovilizados en los años de 1994 y 1998. También los dirigentes UP y PCC, apoderados de procesos judiciales por violaciones de DDHH y DIH y los docentes.