Momentos críticos vive la salud en el departamento de La Guajira. Por un lado está el tema de la pandemia que ha ocasionado que los usuarios de los servicios de salud se hayan alejado por miedo al contagio y por el otro, está la iliquidez que está llevando a la quiebra a estas empresas.

Y es que con la llegada del virus a ese departamento, prácticamente los pacientes desaparecieron de los centro de salud, bien sea hospitales o clínicas, por el temor al contagio.

Es es considerado como hecho normal, sobre todo por el llamado también de los expertos a que los pacientes solo tengan que recurrir a sus EPS en caso de extrema necesidad.

En el caso particular de La Guajira, los responsables de clínicas y hospitales temen ventilar su verdadera situación por temor a represalias por parte de la administración del sector salud a cargo de Julio Sáenz y por el mismo gobernador Nemesio Roys Garzón.

La orden es suspender los servicios que no sean urgencias y disponer de salas especiales para atender a los pacientes de coronavirus.

Lo que se dice es que la empresas de salud en La Guajira no producen servicio, por lo que prevén una crisis hospitalaria. Se informa también que la Secretaría de Salud le adeuda unos recursos importantes y no se sabe cuándo les pagarán.

Denuncian que las EPS están morosas, a excepción de Anas Wayuu y Dusakawi, las demás solo pagan el 50% del giro directo, el resto pasa una cuenta que tienen que depurar y conciliar ante posible incremento en precios en medicamentos.

La pregunta que se hacen los profesionales de la salud es ¿para qué sirve la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, sino usan las herramientas jurídica que permiten hacer las inversiones?.