‘Ñeñe’ habría pagado soborno para que ocultaran sus explosivos audios

Dos de los mejores investigadores de la Policía –el mayor Jefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez– fueron capturados la noche del jueves luego de que se presentaran voluntariamente ante sus jefes en la Dijín, que hizo efectivas las órdenes de captura solicitadas de manera virtual por la Fiscalía General.

Tal y como lo había anticipado EL TIEMPO, eran investigados por haber pedido de manera aparentemente ilegal que en la orden de interceptación al oscuro ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández se incluyeran a cinco miembros de la Policía.

El ‘Ñeñe’ habría alcanzado a pagar 200 millones de pesos para que no se divulgaran los audios

Aunque José Carlos García, alias Penca –miembro de la red de capo Marcos Figueroa, ‘Marquitos’, y testigo estrella en varios  sus crímenes–, le dijo a EL TIEMPO que fue él quien suministró el celular del ‘Ñeñe’ y el de los uniformados (supuestos miembros de la estructura mafiosa), la Fiscalía dice tener pruebas de que se estaba espiando ilegalmente a los policías.

Para lograr que fueran interceptados se dijo que un oficial de apellido Calderón era alias Cali, sicario de ‘Marquitos’, involucrado en narcotráfico. Pero, al parecer, lo que se indagaba era la supuesta participación de los uniformados en la pérdida de una caleta en el Valle.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que hay otro capítulo, hasta ahora desconocido, que también se investiga: la extorsión a la que estaría siendo sometido el ‘Ñeñe’ para que no se conocieran sus explosivas conversaciones y sus nexos con el poder y la mafia.

Uniformados

“Ya hay un testimonio que asegura que el ‘Ñeñe’ habría alcanzado a pagar 200 millones de pesos para que no se divulgaran los audios”, dijo un investigador.

Y agregó que también se indaga la supuesta venta de los audios, tras el asesinato del ‘Ñeñe’ en Brasil, en mayo de 2019.

“Eso explicaría por qué los audios estuvieron ocultos por años”, señaló la fuente no sin antes advertir que la legalidad de las interceptaciones al  ganadero no está en riesgo por las capturas de los policías.

Hay evidencia de que al ‘Ñeñe’ lo venían investigando desde 2011. Es más, solo se conoce la existencia de dos bloques de interceptaciones: uno es del 26 de mayo al 19 de noviembre de 2018, y el otro es desde ese día hasta el primero de mayo de 2019. Pero hay otro al parecer más comprometedor que data del 18 de junio de 2017 y que no ha salido a la luz.

Lo que hasta ahora se ha oído en las grabaciones es que el ‘Ñeñe’ estaba comprometido con movimientos de dinero por debajo de la mesa para las elecciones presidenciales de 2018, que habrían favorecido al candidato y hoy presidente Iván Duque. Con base en sus conversaciones, esta semana ya fue citada a interrogatorio una de sus más asiduas interlocutoras.

Se trata de María Claudia ‘Caya’ Daza, exasesora del senador Álvaro Uribe, quien optó por guardar silencio cuando se le preguntó por las platas de campaña de las que hablaban. “Yo, ayer, le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos”, se escucha decir al ‘Ñeñe’.

Y Daza responde: “Yo conseguí mil paquetes, lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”.

De hecho, ya van dos miembros del Ejército que han pedido la baja o que han salido a dar explicaciones por su supuesta cercanía con el ‘Ñeñe’. Uno es el general retirado Jorge Humberto Jerez, y el otro es el también general Raúl Rodríguez Arévalo.

Y si bien el sastre Rodríguez es víctima de la red de sicarios que asesinó a su hijo, podría terminar dándole explicaciones a la justicia por cuenta de lo que le dijeron dos testigos a la fiscal que lleva ese caso, Jenny Ortiz Ladino.

En presencia de Miguel Ángel del Río –abogado de la familia Rodríguez–, habrían dicho que no iban a declarar hasta que les pagaran el dinero prometido.

Del Río resultó ser defensor de los policías capturados. Por eso, Daniel Hernández, el fiscal que pidió sus capturas, compulsó copias para que lo investigaran. Además, pidió que lo retiraran del proceso, petición que no fue acogida por el juez.

Eltiempo.com