10 alcaldes del país deberán responder penalmente por cargos de corrupción en contratos para Covid-19
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, esto por estar presuntamente implicados en hechos de corrupción en contratos relacionados con la atención de la emergencia derivada por la propagación del Coronavirus COVID – 19.
Estos mandatarios serán judicializados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
Los diez alcaldes afectados con esta decisión son:
- Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
- Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
- Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
- Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
- Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
- San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
- San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
- Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
- Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
- Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
El anuncio lo realizó el fiscal General Francisco Barbosa, quien reportó que los alcaldes de Guaduas y Palocabildo, fueron capturados ante la contundencia de las pruebas.
En el análisis de ciudades capitales, la Contraloría evaluó las compras en 29 de ellas. De ese número, solo en 9 no encontró contratos con presuntos sobrecostos: Valledupar, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales, Armenia y Florencia.
De los 19 ciudades capitales que registran sobrecostos, las cinco que tienen los contratos con valores más altos son: Barranquilla (Atlántico), 18.652; Bogotá, 14.592 millones; Medellín, 9.729 millones; Cali, 5.740 millones; y Sincelejo, 3.999 millones de pesos.
El fiscal Barbosa indicó que en desarrollo de estas investigaciones los peritos verificaron más de 3.000 contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social.
Asimismo, los investigadores realizaron 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de Policía Judicial en los 32 departamentos del país.
En la actualidad hay 68 indagaciones abiertas y se formularon 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.