Se cumplieron 3 años de la sentencia  de la Corte Constitucional que ordenaba una intervención integral para superar la emergencia humanitaria de las comunidades Wayúu en La Guajira. Según cálculos de la veeduría que hace seguimiento, es una situación que afecta a más de 300 mil familias que afrontan la pandemia sin agua y muchos niños en alto riesgo por desnutrición.

El 8 de mayo se cumplieron 3 años de la sentencia T302 en la que la Corte Constitucional declaraba inconstitucional el estado de cosas en la Guajira por los problemas con el acceso al agua y alimentación del pueblo Wayuu.

Esta sentencia establecía responsabilidades a entidades del orden nacional y departamental para actuar de manera coordinada y atender la emergencia humanitaria que afecta a la comunidad indígena y en especial a los niños de cinco municipios de la Guajira, entre ellos Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.

Hoy la situación sigue igual o peor, según dice la presidenta de la Veeduría que hace seguimiento a la implementación de la sentencia, Ruth Chaparro.

El Tribunal Superior de Riohacha extendió un plazo hasta septiembre para que las autoridades cumplan con la sentencia mientras la situación sigue empeorando en las comunidades.

Según la veedora Chaparro, la desnutrición sigue siendo 33% por encima de la media nacional y asegura que este año 20 niños han muerto por enfermedades asociadas a la desnutrición, pero dice que muchos casos quedan sin registro.

La veedora señala que la asistencia alimentaria llega de manera fragmentaria a las zonas más necesitadas.

El otro drama es la falta de agua, desde octubre del año anterior no llueve y los indígenas no tienen como recolectar agua en reservorios naturales. Más de 60 comunidades de Uribia han enviado un SOS porque no tienen agua para enfrentar la emergencia por el COVID-19, como lo dice Nelson Pushiana, autoridad indígena en la alta Guajira.

Un indígena tiene que recorrer hasta 3 horas para lograr un poco de agua en un pozo en precarias condiciones de salubridad, afirma Damián Morales, autoridad indígena de la alta Guajira,

La representante de la veeduría reclama que hay indiferencia de organismos nacionales ante la emergencia humanitaria de la Guajira. Dice que hasta ahora no hay sanciones ni procesos de disciplinarios por el incumplimiento.

Por su parte, la procuradora de Infancia, Adriana Herrera, dice que se ha venido insistiendo ante el tribunal de Riohacha para que actúe de manera efectiva para garantizar los derechos de estas poblaciones.

Tres años después, de la Sentencia T302, las comunidades siguen sin agua, y llama la atención que al declararse la emergencia por el Covid 19, la Alcaldía de Uribia firmó cuatro órdenes por 2.900 millones de pesos para construir microacueductos en zonas rurales pero cuando la Procuraduría le puso la lupa, se suspendieron los contratos argumentando que faltaban más estudios.

Mientras los indígenas Wayúu siguen padeciendo de desnutrición, se conocen contratos como el firmado en Manaure por 2 mil millones de pesos para dotar de tabletas a estudiantes en zonas donde no hay internet.