En el juicio disciplinario el director de la Policía Nacional deberá responder por cuatro cargos.

En el primero, se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

El segundo cargo cuestiona que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados CENOP, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación, con lo que pudo haber incurrido en falta gravísima.

El tercer cargo sobre una presunta extralimitación de funciones cuestiona que el investigado hubiera acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente, lo que constituiría una falta grave.

El cuarto cargo reprocha al director general de la Policía Nacional que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima.

Los cargos fueron calificados en esta etapa del proceso a título de dolo.

Finalmente, la Procuraduría dio traslado de piezas procesales a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen hechos que pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto.

Una vez surtido el trámite de notificación se fijará fecha para la audiencia.

RSF