JEP concluyó que atentado en la Escuela Superior fue un «acto de guerra amnistiable»
Los militares le solicitarán formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisar el fallo que le otorgó amnistía a Marilú Rodríguez Baquero, la guerrillera que se infiltró en la Escuela Superior de Guerra y entregó información clave para el ataque terrorista que se registró el 19 de octubre de 2006.
En la petición presentan un fuerte cuestionamiento al hecho que la JEP haya tratado este caso este caso como un “acto válido” puesto que se trató de un acto terrorista que buscaba afectar al mayor número de personas que se encontraban en el lugar. En este caso se advierte que no se puede omitir que por el lugar pasaban estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y particulares.
Igualmente solicitarán que se avale la calidad de víctimas a la Escuela Superior de Guerra y a los militares que estaban adelantando sus estudios de formación, reseñando que los 14 uniformados que resultaron heridos sufrieron además daños morales, materiales y físicos tras la activación del carro bomba ubicado en uno de los parqueaderos de la Institución.
El pasado 12 de febrero, la Sala de Amnistía de la JEP le otorgó un beneficio especial a la guerrillera conocida con el alias de ‘Lulú’ reseñando que ha colaborado de manera eficaz y precisa con la administración de justicia.
En esa oportunidad, la Sala calificó que el atentado fue “un acto de guerra aministiable” puesto que se “presentó en el marco del conflicto armado colombiano, antes del 1 de diciembre de 2016”, fecha en la cual entró a regir el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
En el caso de ‘Lulú’ se advierte que se matriculó como estudiante para recolectar información clave y poder movilizarse libremente por las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra. Todos estos datos le fueron entregados a la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc para que planearan y ejecutaran el atentado.
En el fallo se le ordenó a la exguerillera continuar con su colaboración ante las autoridades y así responder cada una de las preguntas de las víctimas reconocidas (los civiles) en el proceso y los demás intervinientes.
En 2015, Ramírez fue sentenciada a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.
La mujer fue clave en el ingreso de la camioneta Ford Explorer modelo 1997, la cual tenía adecuada en su parte trasera un cilindro con sistema a gas y una carga explosiva de 60 kilos de amonal.