Se adjudicó la licitación para la construcción de cárceles en Riohacha y San Ángel- Magdalena
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció que al finalizar el 2020 se tendrán listos cinco mil nuevos cupos para cárceles del país. También reveló que se adjudicó la licitación para la construcción de centro penitenciario de San Ángel, en el departamento de Magdalena y una cárcel en Riohacha (Guajira).
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adjudicó al Consorcio Fundación 2020 la licitación pública para el diseño, construcción y equipamento de esa cárcel, en Sabanas de San Ángel, por $186.000 millones.
El nuevo establecimiento tendrá inicialmente 1.500 cupos nuevos pero se estima que en los próximos años se habiliten 2.000 más. Según informó la ministra Cabello Blanco, la cárcel tendrá tres pabellones de mínima y mediana seguridad para hombres y otro quedará habilitado para las mujeres.
Al mismo tiempo se abrió el proceso licitatorio para la construcción de una cárcel en Riohacha (Guajira), en el que se habilitarán 1.600 cupos.
Actualmente, el índice de hacinamiento en las cárceles del país es de 55.4%. Hay 124.744 personas permanecen privadas de la libertad, de las cuales 84.435 están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y 41.309 están condenadas y sindicadas.
También se conoció que 61.852 personas tienen detención domiciliaria; 5.033 tienen el dispositivo electrónico; 2.905 están distribuidas en las cárceles de los municipios y departamentos, además de las distritales; 748 permanecen en guarniciones militares, al igual que en el centro de reclusión del Ejército y la Policía y 9.366 están hacinadas en las URI y estaciones de Policía.
Asimismo, departamentos y municipios deberán asumir la carga presupuestal de las cárceles del país. Cabello anunció que los gobernadores y alcaldes del país tendrán que enfrentar la crisis del hacinamiento en las cárceles, ubicadas dentro de los territorios.
“Tenemos la necesidad de recordarles a los entes territoriales que asuman su responsabilidad y se encarguen de los sindicados y procesados; tenemos 41.309 sindicados y procesados por lo que, según la ley, los alcaldes y gobernadores deberán responder por este sector de la comunidad”, sostuvo.