Piden investigar a director del ICBF-La Guajira por presunto ‘carrusel’ de la contratación
Ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, autoridades tradicionales wayúu denunciaron al director del ICBF-La Guajira, Álvaro Gómez Trujillo, por haber incurrido en la celebración indebida de contratos de contratación e irrespeto a la sentencia T302, además por el atropello al derecho de igualdad y prevaricato por omisión, entre otros delitos punibles.
Siete son las presuntas conductas punibles que tuvieron en cuenta autoridades tradicionales de Uribia para denunciar al funcionario. La denuncia la firman autoridades tradicionales wayúu de Bahia Portete, de la zona de vía férrea, del Cabo de la Vela, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas habilitadas en banco de oferentes y gremio de profesionales wayúu.
Según la denuncia, el actual director del ICBF seccional de La Guajira habría incurrido en los delitos de celebración indebida de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales, celebración de contratos con personas no idóneas para la ejecución del objeto/ violación del principio de selección objetiva, conflicto de intereses, atropello de la autonomía y autodeterminación del pueblo indígena, desconocimiento de la sentencia T302, atropello al derecho de igualdad y prevaricato por omisión.
Según indica el documento, Gómez Trujillo “otorgó tres contratos a la corporación internacional para el desarrollo social y empresarial Coindesoem para operar bajo la modalidad propia e intercultural en el municipio de Uribia y Riohacha por valor de $23.857.273.883”.
Presuntamente el director actual del ICBF seccional de La Guajira “no se tiene en cuenta al momento de adjudicar estos contratos los niveles de riesgo que significa entregar una corporación no wayúu de forma monopolizada el control financiero y operativo de más de 8 mil niños y niñas de comunidades indígenas. Se irrespetó al pueblo wayúu desconociendo la autonomía concedida en la sentencia T302 y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas vigente y con continuidad y excelente experiencia de más de cuatro años operando en las comunidades”. Revela además la denuncia que se adjudicaron todos los CDI de Uribia a un operador determinado y de forma directa sin el lleno de los requisitos.
En referencia a las irregularidades en Riohacha, indican que “se adjudicó contrato a la fundación para el fomento de la educación, la productividad y el desarrollo socio económico de la población marginal ‘Fundespa’ para la atención de la población afro descendiente del distrito de Riohacha, sin cumplir con el aval autónomo de la comunidad negra de Los Moreneros.
De igual manera se irrespetó la decisión del consejo comunitario ancestral de la comunidad negra de Los Moreneros en el evento que no fue garantizada la contratación de un operador perteneciente a la terna escogida en la última asamblea”.
También la denuncia habla del cambio de operador en el sector de Bahía Portete, en la Alta Guajira y también en mismas circunstancias el cambio de operador en la zona de las Sabanas de Manaure.
Finalmente la denuncia mediante peticiones infiere que la Fiscalía General de la Nación realice las indagaciones e investigaciones preliminares sobre los hechos supuestamente acontecidos y con supuestas irregularidades.
“Se investigue un presunto carrusel de la contratación en ICBF seccional de La Guajira vigencia 2020, teniendo en cuenta un record de mega contratos adjudicados al mismo contratista. Se investigue por desacato a Álvaro Gómez Trujillo por la sentencia T 302, mediante el cual se adiciona la facultad de estado para contratar de manera directa con resguardos indígenas, asociaciones de autoridades u otras formas de autoridad indígena propia. Se investigue por desacato a pronunciamiento del consejo comunitario ancestral de la comunidad negra de Los Comuneros”, piden las autoridades wayúu.