Keiko Fujimori de vuelta a la cárcel «ante riesgo de fuga»
Foto AFP
Pasadas las 5:00 p.m. de ayer, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió de la casa de su madre, en San Borja, con dirección a la sede de la Sala Penal Nacional, en el Centro de Lima, sabiendo que su retorno a prisión, al ser sindicada de encabezar una organización criminal dedicada al lavado de activos, era inminente.
A bordo de su camioneta negra, conducida por su esposo Mark Vito Villanella, la excandidata presidencial llegó a la sede judicial cerca de las 5:30 p.m. e inmediatamente ingresó a la sala de audiencias del juez Víctor Zúñiga, quien estaba a minutos de anunciar su decisión.
“La prisión preventiva (para Keiko Fujimori) es idónea, necesaria y proporcional”, señaló el magistrado. Momentos después emitió su veredicto: 15 meses de detención, tres meses menos de los que había requerido el fiscal José Domingo Pérez.
De esta manera, Fujimori regresará a un penal por orden judicial apenas dos meses después de haber sido excarcelada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), sobre la que Zúñiga recalcó que no es vinculante.
Mientras era resguardada por la Policía, un video que se había grabado a sí misma con anticipación fue publicado en sus cuentas de redes sociales. En él, la lideresa fujimorista explicó que tomaría tres medidas: se entregaría a las autoridades tras conocer el fallo, se defendería denunciando persecución política y que Vito Villanella presentará su caso a organismos internacionales.
Keiko Fujimori pasó la noche en la carceleta del INPE. Hoy será trasladada a uno de los penales de mujeres que hay en Lima: Santa Mónica; Virgen de Fátima, y el Anexo de Chorrillos, donde permaneció por un año desde octubre de 2018.
ELEMENTOS SUFICIENTES
El juez Zúñiga acogió las evidencias con las que el fiscal Pérez sostiene que Fujimori lavó US$1 millón ilícitos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la Presidencia de 2011.
Para sustentar su resolución, el magistrado recogió los testimonios del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki y del excongresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui, quienes declararon a la Fiscalía que buscaron personas para que simulen ser aportantes.
En ese sentido, expresó que existía la “sospecha grave” de que la lideresa de FP conocía de dónde provenían realmente los aportes. Por eso consideró que el abono de la empresa “sí ocurrió”.
“Keiko Fujimori habría intervenido en los actos de conversión de dinero ilícito proveniente de Odebrecht, logrando ocultar el conocimiento de esta fuente”, alegó.
Agregó que el dinero de Odebrecht fue mezclado con los aportes millonarios entregados por empresarios peruanos, lo que “evita que se identifique en qué operación se introdujo el dinero de fuente ilícita”.
Sobre el peligro procesal, Zúñiga indicó que Fujimori podría huir del país porque su arraigo laboral y de posesión de bienes era muy incierto, además del patrimonio que manejaría “por no haber devuelto los aportes que recibió”.
Dijo también que la obstaculización al proceso estaba “acreditada” porque habría presionado a testigos y porque la investigada habría intentado anular las investigaciones al contactar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al ex juez César Hinostroza.