Denuncian ante la JEP graves violaciones a los derechos humanos en Curbaradó, Chocó
Desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos selectivos , amenazas y estigmatización, son algunas de las denuncias que presentaron ante la Juisdicción Especial para la Paz, JEP, los representantes de 24 comunidades de Curbaradó, en el departamento del Chocó.
Representantes del Consejo Comunitario de Curbaradó, entregaron, este miércoles, un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los que han sido objeto a la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP.
En el informe se describen casos de desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos selectivos, amenazas y estigmatización que sufrieron las 24 comunidades que conforman este Consejo comunitario por parte de diferentes grupos armados.
“La situación en nuestro territorio hace que entregar este informe nos ponga en peligro, pero consideramos que es necesario hacerlo para que los derechos de nuestras comunidades sean restituidos», manifestó un integrante del Consejo Comunitario de Curbaradó que pidió reserva de su nombre por razones de seguridad.
Este informe se entrega en el marco del Caso 04, que investiga los hechos victimizantes relacionados con la situación territorial de la región de Urabá, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó.
La relatora de este caso, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, agradeció la entrega del informe y la consideró “una voz nueva, de las muchas que hemos venido recogiendo en la región, que nos explica qué pasó en esta zona». De la misma manera, resaltó el valor de las comunidades que entregaron el informe: “Su esfuerzo por defender su territorio e insistir una y otra vez, a pesar de lo que han vivido, es una enseñanza para nosotros», afirmó.
Adicionalmente, la magistrada Henríquez destacó las medidas cautelares que esta Jurisdicción tomó en esta zona en septiembre de 2019 para garantizar la protección y el derecho a las víctimas para participar en el Caso 04 de la JEP. “Estas medidas están permitiendo que el Estado haga más presencia en la zona, impactar de forma general el territorio y quitarles espacios a los actores armados».
A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha recibido 251 informes de parte de organizaciones sociales y de víctimas e instituciones del Estado.
La entrega del informe fue reservada a partir de la solicitud de las víctimas quienes expusieron razones de seguridad.