Procuraduría abre indagación por proceso de elección del personero de Valledupar

Una indagación preliminar inició la Procuraduría Regional del Cesar contra el Concejo de Valledupar para determinar presuntas irregularidades en la contratación del operador para la elección del Personero Municipal.

La decisión fue tomada, tras una queja presentadas por varios ciudadanos, en su mayoría, aspirantes al cargo, que cuestionan algunas actuaciones del Concejo de Valledupar en la escogencia del operador para realizar la elección.

Según la queja, el proceso comenzó mal desde la convocatoria abierta realizada por la Corporación, ya que la publicación de la invitación no se realizó por un día hábil, dado que se publicó el 15 de octubre a las 5:35 p.m., y el cierre se realizó el16 de octubre a las 4:00 p.m.

También cuestionan que la única entidad que se presentó, La CUC presentó una propuesta de $2.000.000 millones cuando el presupuesto de la contratación fue $5.000.000, sin ningún reparo por los funcionarios del Concejo, al momento de realizar la evaluación.

Señalaron los quejosos que, el único proponente que presentó propuesta fue al único que se le invitó a cotizar quien no cotizó precio y se presentó oferta a las 8:49 a.m. del 16 de octubre de 2019, habiéndose publicado a las 5:35 p.m. del día anterior y sin cumplir con las exigencias legales para la modalidad de selección de mínima cuantía.

Insisten en que en el mencionado proceso de selección se vulneró el principio de planeación, dado que, no se realizaron unos estudios previos adecuados, no se realizaron cotizaciones, estudio de mercado y demás actuaciones que hacen parte del debido proceso contractual lo cual genera una nulidad absoluta por objeto ilícito.

En la queja también cuestionan el desarrollo de la convocatoria por parte de la CUC para la prueba de conocimiento. “No se inició a la hora señalada. Los documentos del examen y hoja de respuesta no se encontraban individualizados, sin código de barra ni nombre previamente señalado”, dicen.

También hacen referencia al episodio del supuesto fraude, cuando señalaron que un aspirante tenía las respuestas de la prueba de conocimiento escritas y que la entidad operadora no actuó conforme a las normas.

“La actuación del operador fue equivocada, pues debió dejar las respectivas constancias y dar aplicación al artículo 16 del mencionado acto administrativo, pero contrario a esto se limitó a informar que había realizado una llamada y ante los hechos se anula la prueba y se suspende el concurso”, dicen en la queja.

Insisten en que los formularios entregados carecen de identificación, no figura en el logo de la citada institución el lugar donde ese encuentra radicada, ni quien autoriza la operatividad, que institución del gobierno da su reconocimiento, “solo se observaba un símbolo fotocopiado en donde su autenticidad queda en duda”.

Califican al operador sin capacidad e idoneidad por lo que no garantiza probidad, transparencia, pulcritud y funcionalidad. “Adicionalmente, la Institución de Educación Superior se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, como el ocurrido en la ciudad de Sincelejo en julio pasado”, puntualiza la queja.

Control de advertencia

Adicional a la indagación preliminar, la Procuraduría también hizo un control de advertencia al presidente del Concejo, Guido Castilla en la continuación del proceso para la escogencia de un nuevo operador.