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Internacional

Países de UE aprueban sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro en Venezuela

Un acuerdo para imponer sanciones contra otros siete funcionarios del gobierno de Venezuela por estar implicados en torturas y otras violaciones de derechos humanos, aprobaron los países de la Unión Europea (UE). La decisión pasa a confirmación del Consejo de la UE, indicaron fuentes diplomáticas.

Los embajadores de los 28 países europeos se mostraron a favor de sancionar a responsables de seguridad y de servicios secretos por casos de «torturas y otras violaciones de derechos humanos», explicaron esas fuentes antes de la reunión de este miércoles (25.09.2019).

La decisión se hará efectiva tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, previsiblemente este viernes, según las fuentes, donde detallará la identidad de los nuevos sancionados.

Con estas siete nuevas personas, la lista negra contará en total con 25 integrantes a quienes la UE ha prohibido la entrada en su territorio o congelado los bienes que puedan tener en la Unión.

En julio, los Veintiocho ya se mostraron dispuestos a comenzar el trabajo para aplicar más sanciones selectivas a los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos, según anunciaron entonces en una declaración conjunta.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió entonces a la UE «sanciones» contra presuntos responsables de torturas en Venezuela tras la muerte de Rafael Acosta, un militar venezolano que falleció en un hospital por presuntas torturas durante su detención.

Borrell también destacó en ese momento el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que detalla, en su opinión, «la gravedad de las violaciones de los derechos humanos» en el país.

El Parlamento Europeo (PE) reclamó ese mismo mes a los países de la Unión Europea acordar sanciones adicionales contra las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión.

En una resolución que recibió 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, la Eurocámara consideró que las autoridades europeas debían «restringir los movimientos de estos individuos y congelar sus activos y visados, así como los de sus parientes más cercanos».

La UE también aplica ya a Venezuela restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.

Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos.

De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió a principios de mes a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia.

Asimismo, la UE dio luz verde para crear un régimen de sanciones por la crisis política en Nicaragua, el que por el momento no incluirá personas sancionadas, debido a la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, habían indicado estas fuentes.

Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.

La violencia dejó más de 300 muertos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica. Y en un proceso lleno de vaivenes, Ortega suspendió de manera unilateral las negociaciones con la oposición el 30 de julio.

A mediados de julio, después de la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales, la UE expresó su disposición a «usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis». (Información DW).

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