Departamento de Estado de EEUU destaca a Colombia por su trabajo contra el lavado de activos
Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, (Money Laundering and Financial Crimes), Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) más rigurosos de América Latina.
El informe destaca que el país tiene una “capacidad impresionante para detectar el lavado de dinero”. En lo respectivo al sistema legal y la estructura regulatoria antilavado en Colombia (normatividad ALA/CFT), el Departamento de Estado señala que el país cumple con los estándares internacionales y que Colombia ha promulgado regulaciones en materia de Debida Diligencia e informes de transacciones sospechosas.
Por otra parte, destaca el compromiso por parte del presidente de la República, Iván Duque, para perseguir el lavado de activos como uno de los “diez delitos prioritarios” y ampliar las capacidades de decomiso de activos (extinción de dominio) en casos de corrupción pública.
Igualmente, el informe indica que las autoridades colombianas y estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley, cooperan estrechamente en las investigaciones de lavado de activos y decomiso de activos, y que el intercambio de información se realiza con regularidad.
Un desafío para la protección de la economía nacional
A pesar de que Colombia se posiciona como uno de los regímenes en materia antilavado más fuertes en la región, es necesario seguir trabajando en la lucha contra delitos fuente como la corrupción y el contrabando, entre otros. Para ello, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) trabaja de manera coordinada con la Comunidad de Inteligencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, a través de mesas estratégicas de análisis y judicialización, que han dado como resultado la producción de informes de inteligencia para la desestructuración de redes criminales. Igualmente, la UIAF participa activamente en el Comité Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando y en el Centro de Coordinación contra la Corrupción.
Asimismo, la UIAF sigue avanzando en la identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos a través de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR). Este ejercicio permite diseñar política pública e implementar estrategias eficaces para la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y así enfrentar otras técnicas y productos incluidos en el informe que son utilizados para lavar fondos ilícitos. En este momento, la UIAF se encuentra desarrollando la tercera ENR con la participación de los gremios; las autoridades; la Comunidad de Inteligencia; la Fiscalía General de la Nación; la Fuerza Pública; los organismos de supervisión; la Oficina de la Naciones Unidas Contra Droga y el Delito; y otros actores del sistema nacional ALA/CFT.
De otro lado, y teniendo en cuenta que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son un insumo fundamental para la inteligencia financiera, la UIAF sigue trabajando en la mejora de la calidad de los ROS a través de capacitaciones presenciales y virtuales dirigidas a los oficiales de cumplimiento de las empresas obligadas a reportar a la Unidad.
Aunque Colombia tiene un riguroso marco legal y regulatorio en materia ALA/CFT, el Equipo Técnico del Plan de Acción para el seguimiento ante el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), está trabajando en la puesta en marcha de normas necesarias para reducir las asimetrías en los sistemas de administración de riesgo, entre el sector financiero y las cooperativas de ahorro y crédito, el sector de giros postales, y los profesionales de compra-venta de divisas. El Equipo Técnico, liderado por la UIAF, está conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
En términos generales, la UIAF y el sistema ALA/CFT de Colombia siguen dando pasos firmes frente al desafío de proteger la economía nacional de las organizaciones criminales y el lavado de activos.