Condenan a solo 3 años de cárcel a contratista del PAE que se apropió de más de $2 mil 200 millones
A escasos 3 años de cárcel fue condenado Germán Trujillo Manrique, contratista del mayor escándalo de corrupción del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento de Santander, pues se apropió de más de 2 mil 200 millones de pesos, además de que las raciones alimenticias para los estudiantes nunca llegaron a escuelas y colegios.
De acuerdo con la Fiscalía, con estos actos de corrupción fueron afectados más de 125.000 niños de 82 municipios de Santander.
A la condena de 36 meses de prisión, el juez de conocimiento de Bucaramanga (Santander) le sancionó también con una multa de 562 millones de pesos, que no se compacede con el monto del dinero del cual se apropió el contra, según lo advirtió la fiscalía.
La sentencia contra Trujillo Manrique se produjo luego que este aceptara los cargos que la Fiscalía le imputó por falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La Fiscalía dijo que demostró graves irregularidades, entre ellas sobrecostos, en las etapas de planeación, contratación y ejecución del PAE, de acuerdo con el contrato N 601 de abril de 2016, celebrado entre la Gobernación de Santander —a través de la Secretaría de Educación— y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.
Tal contrato tenía por objeto el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor total de $35.767’321.026. Según el material probatorio recopilado, el dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento.
En mayo de 2018 Trujillo Manrique se entregó a la Fiscalía y devolvió 2283 millones de pesos, por lo cual el juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel; sin embargo, para el cumplimiento de la condena proferida será trasladado a un centro carcelario. La decisión fue apelada por la defensa.
Recuerda la Fiscalía que en febrero pasado dispuso medidas cautelares de extinción del derecho del dominio sobre bienes del excontratista sentenciado, avaluados en 33.000 millones de pesos.