Piden libertad para el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarras
Para el próximo viernes quedó la decisión si el exalcalde de Valledupar, Freddy Miguel Socarras Reales recobra su libertad o se mantiene en la medida de detención domiciliaria, tras audiencia realizada este miércoles en la capital del Cesar en el que la defensa del exmandatario solicitó que sea juzgado en libertad.
En la diligencia judicial, en el Juzgado Tercero Penal municipal con funciones de control de garantías, el abogado Sócrates Saavedra argumentó que no existió irregularidad alguna en el procedimiento para la expedición del decreto que permitió el cambio de dos lotes del municipio por uno particular generando un detrimento de más de $24.000 millones y que tiene enredado al exalcalde.
Socarras Reales expidió el 30 de noviembre de 2015 el Decreto 000690, a través del cual declara condiciones de urgencia por motivo de utilidad pública para la adquisición de un lote de 10 hectáreas en el perímetro urbano, argumentando la iniciativa de desarrollar en este, proyectos de vivienda de interés prioritario, la estación de Policía Metropolitana y espacio público.
“No se desarrolló la urgencia manifiesta en esta resolución contenida en la ley de contratación, esto quiere decir, que no existió irregularidad alguna en el procedimiento para la expedición del decreto 000690 del 30 de noviembre de 2015”, expuso la defensa del exalcalde.
Cabe recordar, que poco antes de culminar su periodo como alcalde de Valledupar (2012-2015), Fredys Socarrás Reales dejó en poder de la comerciante María López de Reyes dos lotes que eran propiedad del municipio, a cambio de otro supuestamente de menor valor del que la particular era dueña. Se hizo bajo la escritura pública 1.726 el 23 de diciembre en la Notaría Tercera de esta capital, nueve días previos a la entrega del cargo.
La oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Municipal inició un proceso verbal contra Socarrás, en cumplimiento de la denuncia presentada por la abogada Leydis Casadiego Buelvas, en la que solicitó se investigue el presunto detrimento patrimonial al Municipio con la expedición del Decreto del 30 de noviembre de 2015.
En desarrollo de la investigación, la Contraloría encontró que con la enajenación de los predios se presentó un detrimento patrimonial de $24.341.520.106,72; por lo que ordenó la investigación de los bienes del exalcalde, como presunto responsable fiscal, a efecto de decretar las medidas cautelares a las que hubiese legal.