Se requiere un presupuesto adicional de $39,04 billones para financiar Ley de Víctimas: Contraloría
En medio del debate sobre la ley de financiamiento para cubrir el hueco fiscal de 14 billones de pesos, la Contraloría General de la República advirtió que el presupuesto para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras requiere una adición de 39.04 billones de pesos para 2019 y una cifra similar para cada vigencia de 2020 y 2021.
Según el vicecontralor General Ricardo Rodríguez Yee, “los recursos que tiene disponibles el Gobierno Nacional para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siguen siendo insuficientes y se requiere un esfuerzo presupuestal adicional, entre 2019 y 2021, del orden de 39.04 billones de pesos por año”.
Las precisiones las hizo Rodríguez Yee, ante la Corte Constitucional.
El funcionario indicó que es necesario revisar el plan de ejecución actual de esta Ley, tomando como referente el valor ejecutado en 2017 ($13.5 billones).
“Para cumplir con los requerimientos de la Ley 1448 de 2011, se requeriría un plazo adicional de diez años, contados a partir del actual 2018”, precisó el Vicecontralor al intervenir en la Audiencia Pública sobre el “Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado”.
Al analizar el escenario de financiamiento de la Ley 1448 de 2011, las estimaciones de la CGR indican que aún hacen falta por financiar $129.3 billones para culminar los compromisos de la misma para el período 2018-2021.
Este valor es superior en $28.4 billones de pesos constantes de 2018 al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones).
Las medidas que mayor esfuerzo fiscal requieren son Indemnización Administrativa ($42,7 billones) y Vivienda Urbana y Rural ($31 billones).
Otras reflexiones que hizo el vicecontralor son las siguientes:
*Los entes territoriales priorizados por la Corte Constitucional presentan presupuestos limitados para implementar acciones de prevención y protección.
En el caso de la subregión del Catatumbo, la Gobernación de Norte de Santander asignó para el componente de prevención y protección, durante las vigencias 2017-2018, un valor que no sobrepasa el 3% del total de recursos para víctimas.
Respecto a los 11 municipios que integran el Catatumbo –Convención, El Tarra, El Zulia, Gamarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú–, se encontró que en ningún caso este presupuesto superó el 1% del total de recursos dirigidos a víctimas.
En el caso de los demás entes territoriales priorizados, debido a su actual situación de riesgo se tiene que:
Durante 2018 asignaron recursos a prevención y protección que no sobrepasan el 5% del total de recursos dirigidos a víctimas. Dichas apropiaciones disminuyeron notablemente de 2017 a 2018.
Si bien durante 2017 se destaca la apropiación de recursos para prevención y protección realizada por la Alcaldía de Tumaco, para la vigencia 2018 dicha apropiación no fue realizada.
Para la CGR, el Gobierno ha hecho un esfuerzo fiscal importante para la atención a víctimas:
Entre 2014 y 2018, el Gobierno ha asignado $61.2 billones para la política de víctimas, recursos que se han centrado principalmente en el componente de Asistencia (76%) y Reparación (14%).
La principal fuente de financiación de estos recursos ha sido el Sistema General de Participaciones -SGP (56%), destinado a Salud y Educación.
La Contraloría General reconoce el esfuerzo permanente y complejo que ha realizado la Corte Constitucional en materia de seguimiento de la Sentencia T-025, desde su expedición a la fecha.