Enjuician a cabecilla de disidencia de las Farc por extorsionar a nombre del Eln

Un disidente de las guerrillas de las Farc fue capturado y enviado a la cárcel que venía extorsionando a finqueros y campesinos del Tolima y el Quindio, haciendose pasar como integrante del Eln.

La actividad del criminal, identificado como Álvaro Segundo Suárez Rubio, quien supuestamente fue cabecilla del frente 21 de las exFarc, fue detectada desde el año 2017 por la policía judicial CTI —adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales—.

Se presume que su accionar se concentraba en la extorsión a campesinos y habitantes de varios municipios de los departamentos de Tolima y Quindío.

Suárez Rubio fue captura mediante orden judicial este 25 de noviembre en el corregimiento de Gaitania, jurisdicción de Planadas (Tolima), por el CTI de la Fiscalía, el Ejército y la Fuerza Aérea.

El procesado se encontraba en una de las zonas veredales, creadas al término de los acuerdos de paz para acoger a los desmovilizados del grupo alzado en armas y acompañarlos en el proceso de reincorporación a la vida civil. Varias personas que estaban con él se opusieron a que fuera capturado y sacado de la zona, generando una asonada contra los uniformados que realizaban el procedimiento.

Suárez Rubio, conocido con el alias de “tomate”, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tentativa de extorsión, extorsión, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones.

Según el representante de la Fiscalía, las víctimas fueron alrededor de 19 personas habitantes de fincas de los municipios de Salento (Quindío), Cajamarca, Chaparral e Ibagué (Tolima), desde el año pasado hasta la fecha.

Se presume que él, en compañía de otras personas, vistiendo camuflados y armados, llegaban a intimidar a sus víctimas exigiéndoles altas sumas de dinero a nombre del ELN, o de lo contrario acabarían con sus vidas y la de sus familias.

De igual manera, en octubre del año 2017 lograron que una familia compuesta por una pareja, sus dos hijos y un nieto —estos últimos menores de edad— abandonaran su vivienda en zona rural de Chaparral, al verse presionados por la exigencia de $20.000.000, por lo que días atrás del desplazamiento forzado, los tuvieron retenidos y amarrados por varias horas.

Por todos estos delitos, el imputado quien no aceptó los cargos y fue privado de la libertad en centro de reclusión, se enfrentará a una pena de por lo menos 20 años de prisión, en caso de ser hallado responsable.

Es de anotar que el procesado purgó una condena desde el año 2013 y hasta el año pasado, por los delitos de rebelión y secuestro. Resultó siendo liberado con la firma de los acuerdos de paz.