Lupa de la Contraloría a nueva fase de proyectos 4-G, inversiones para el posconflicto y ejecución del Presupuesto

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció aquí que el organismo a su cargo realizará el próximo año una vigilancia activa y cuidadosa a la nueva fase de proyectos de infraestructura 4-G, en los que los montos contractuales ya están por los $25 billones de pesos, lo mismo a que las millonarias inversiones destinadas al posconflicto y a la misma ejecución del Presupuesto General de la Nación que se aprobó para la vigencia 2019.

Dijo que, el país afronta una gran problemática en el tema de infraestructura y muchas obras de cuarta generación están paralizadas, lo que requiere una urgente solución.

Igualmente, en este mismo tema de las vías 4-G, manifestó su preocupación por las cifras cuantiosas que se están dando en recursos gastados por tribunales de arbitramento, tema sobre lo cual la Contraloría ha realizado unas evaluaciones que revelará en los próximos días.

El Contralor tocó el tema en la apertura del II Foro “Compliance & Transparencia”, en Cartagena, donde planteó las bases del proyecto de Acto

Legislativo que está proponiendo al Congreso para reformar el Control Fiscal.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el Contralor Córdoba Larrarte, insistió en su preocupación por la situación de los gastos administrativos que demandan al estado los Tribunales de Arbitramento y dijo también que, a propósito de lo que se viene presentando con el puente Hisgaura, la Contraloría le ha puesto la lupa a todas las obras que maneja actualmente el Fondo Adaptación.

Anunció también que, con el apoyo de la Academia de Ciencias Económicas y su presidente, el reconocido economista y académico Beethoven Herrera, y el equipo de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General está realizando un estudio técnico sobre el proyecto de Ley de Financiamiento y el documento, que se hará público próximamente, ha evidenciado una serie de problemas estructurales en la economía nacional.

Los nuevos desafíos del control fiscal

El Contralor Córdoba Larrarte dijo que uno de los retos de la CGR para el próximo año es la misión de custodiar los $259 billones de pesos que están incluidos en el Presupuesto General de la Nación de 2019.

Habló luego del nuevo modelo de control fiscal que está proponiendo a través de un proyecto de Acto Legislativo que recién acaba de llevar al Congreso y el cual tiene como base que la CGR ejerza control preventivo, concomitante y posterior y, además, tenga funciones de intervención frente a las contralorías territoriales, cuando se advierta en ellas incapacidad técnica o falta de objetividad e imparcialidad.

Explicó que esta función de intervención podría aplicarse, por ejemplo, a las contralorías que no tengan la suficiente capacidad funcional o donde se evidencien problemas de corrupción o ineficiencia.

El proyecto, además, dota con facultades jurisdiccionales a las Contralorías para el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal.

Para el Contralor, uno de los más importantes desafíos que enfrenta el Gobierno actual tiene que ver con la financiación del posconflicto que, de acuerdo con las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, costará $129, 5 billones durante los próximos quince años, y es fruto de un acuerdo que tiene que cumplirse.

“No puede haber complacencias con la corrupción»

En el marco de su intervención, el Contralor hizo un llamado tanto al sector público como al sector privado, para que cambien su percepción sobre lo que debe ser la lucha contra la corrupción y no haya complacencias con este flagelo.

Según Córdoba Larrarte, “Los colombianos no podemos ser complacientes con ninguna forma de corrupción. La gran corrupción empieza con esos pequeños comportamientos indebidos que se miran con pasividad por lo minúsculos que son, como saltarse una fila, sin entender que la suma de esos comportamientos empieza a perfilar la indiferencia con la que se miran los grandes hechos de malos manejos y apropiación de dineros públicos”.