Fiscalía pide investigar al senador Díaz-Granados y al exrepresentante Cristóbal Rodríguez por corrupción en salud

La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al actual senador Luis Eduardo Díaz-Granados y al exrepresentante a la Cámara Cristóbal Rodríguez por su presunta implicación en actos de corrupción con recursos de la salud.

Según el organismo investigador los dos políticos fueron mencionados por cuatro personas capturas e imputadas en el marco de la investigación “Quirófano”.

Díaz-Granados es senador del partido Cambio Radical, mientras que Rodríguez fue Representante a la Cámara por el departamento de Boyacá con el aval del Partido de la U, en el periodo 2014-2018.

En desarrollo de la investigación Quirofano, la fiscalía capturó a 4 personas, entre ellas, la exsuperintendente delegada Eva Katherine Carrasca Cantillo, a las cuales acusó de integrar una presunta red delincuencial que manipulaba el sistema de salud, valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector.

Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para el 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS.

A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector.

Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían como durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia.

Las irregularidades que se habrían cometido son:

-Agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales.
-Proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados.
-Incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación.
-Facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado.